La juez investiga a un exdirigente del PSOE de Almería por dar certificados falsos a regantes para cobrar subvenciones

Mediante una providencia dictada el pasado 1 de febrero, a la que ha accedido ABC, la juez de Instrucción número 1 de Almería, María Belén López Moya, ha citado a declarar para el próximo día 24 de febrero a López Úbeda y al secretario de la CUCN, Antonio P. P., en calidad de investigados por un supuesto delito de falsedad documental , después de recibir un informe de la Fiscalía que así lo solicitaba.

El supuesto fraude tiene muchos damnificados y un mismo origen: la emisión de decenas de certificados ficticios a agricultores por los que la comunidad de regantes les garantizaba agua de reserva suficiente durante 50 años cuando se trataba de agua sobrante de la desaladora de Carboneras . Su uso no estaba, pues, asegurado porque los comuneros son los titulares de pleno derecho.

Estos certificados son indispensables a la hora de solicitar licencia ante el ayuntamiento para construir un invernadero y explotar una finca de riego. Con la presentación de estos salvoconductos, las administraciones autorizaron el cambio de uso de los suelos, que pasaban de ser forestal o secano a terrenos de regadío, lo que elevaba su valor económico. En estas certificaciones no se hacía constar que las aguas de las que disponía el comunero eran sobrantes y que el riego en sus explotaciones estaba condicionado a la existencia de agua excedente.

Sin estas acreditaciones, que investiga el Equipo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil de Almería, nunca se habrían recalificado más de de 2.000 hectáreas en la comarca de Níjar. Aún no hay una estimación económica de los perjuicios causados.

Los documentos emitidos por la comunidad de regantes que preside López Úbeda han permitido a los agricultores acudir a los bancos para conseguir préstamos y acceder a subvenciones de la Junta de Andalucía para el apoyo de infraestructuras agrícolas o ayudas con cargo a los Fondos Operativos de la UE para dar cobertura financiera al sector hortofrutícola.

Según informaron a este periódico fuentes del caso, los investigadores han solicitado documentación a las administraciones para conocer el proceso de autorización de las recalificaciones , así como el seguimiento y control de los certificados presentados para abrir grandes explotaciones.

La comunidad de regantes gestiona el agua desalada que abastece a los agricultores de la zona. Con los 27 hectómetros reservados que salen de la planta desaladora se pueden atender las necesidades de riego de unas 7.700 hectáreas . A raíz de la expedición de certificados supuestamente irregulares se han ido sumando más fincas hasta alcanzar 2.000 hectáreas en riego, a pesar de que el elemento líquido es limitado. De hecho, en el año 1985 el Gobierno declaró sobreexplotados los acuíferos subterráneos en la zona de influencia, que incluye a cinco municipios: Níjar, Lucainena, Sorbas, Carboneras y Almería capital.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada ante la Policía por miembros de la comunidad de regantes que se percataron de que varias empresas estaban construyendo nuevos invernaderos. La asamblea de comuneros de la CUCN había autorizado, a propuesta de su presidente, socorrer a algunos agricultores con agua siempre que no fuera utilizada por los titulares de pleno derecho . Los denunciantes descubrieron que, amparándose en dicho acuerdo, se habrían expedido certificados que no reflejaban que el agua era sobrante y que su uso estaba, por tanto, condicionado.