La madre de Gabriel pide que se investigue si la asesina de su hijo ha contactado con más productoras para contar su versión

Patricia revela que para «asegurarnos que no hay nadie mas entrevistándola se solicitará a la Audiencia Provincial, a la luz del informe de prisiones y diligencias de la toma de declaración a los periodistas de la productora por parte de la Unión Central Operativa (UCO), que se investigue y se deduzca testimonio a Ana Julia Quezada». Asimismo, pide que se interrogue a su abogado Esteban Hernández-Thiel.

La madre de Gabriel mantiene su cruzada para que las administraciones y autoridades investiguen «con quién se ha firmado o se quiere firmar el contrato que se cita en prisiones y si hay otras productoras o televisiones implicadas, ya que la productora nos traslada que con ellos no ha sido». Ana Julia Quezada cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila) por el asesinato de Gabriel Cruz Ramírez.

Patricia Ramírez basa sus sospechas en la toma de declaración que, según ha indicado, la Guardia Civil habría tomado a varios periodistas así como en el informe que desde la dirección de la prisión de Brieva se remitió a la Audiencia Provincial de Almería el 13 de mayo y del que dio cuenta en su comparecencia en el Senado este martes.

El documento, al que tuvo acceso una semana después y que se emitió tras la rueda de prensa en la que alertó de los planes de Quezada, señala según la lectura que hizo del mismo la madre del 'pescaíto' que la presa habría trasladado que una plataforma televisiva estaba interesada en hacer un documental o serie «recreando todos los aspectos vinculados al asesinato del niño Gabriel Cruz en Almería en el año 2018».

Asimismo, se daba cuenta de que la misma interna había asegurado que tiene la «necesidad de explicarse y contar la realidad de los hechos acontecidos« desde su versión, toda vez que con la mencionada propuesta televisiva esperaba «recibir unos ingresos» que dedicaría «al pago de la responsabilidad civil derivada del delito», que asciende a medio millón de euros, así como al mantenimiento económico de su propia familia.

El mismo escrito remitido desde la dirección de la prisión daba cuenta del nombre de la plataforma audiovisual y de los periodistas que se iban a encargar de realizar el documento audiovisual aunque matizaba que desde la prisión no se tenía «capacidad ni posibilidad» de contrastar los datos expuestos en el informe «más allá de la solicitud realizada por Ana Julia Quezada para que se autorice la comunicación con los periodistas citados».

Patricia Ramírez aseguró además que el día 14 de mayo, la condenada y su abogado habrían concertado una cita para «revisar el contrato a firmar con la productora y pactar las condiciones y cláusulas de su interés« así como »la cantidad económica«.

Ante esta situación, el centro penitenciario habría informado a Ana Julia Quezada de que ese tipo de actuaciones excede de lo previsto para comunicaciones en base al reglamento penitenciario, según reprodujo la afectada, para quien dicha aseveración supone un reconocimiento de que se «está utilizando de manera espuria y fraudulenta las comunicaciones con amigos y familiares« así como la comunicación con periodistas fuera de los cauces regulados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.