Agricultores del Condado de Huelva recelan del 'plan B' del Gobierno a los regadíos de Doñana

Legal o ilegal, el Gobierno socialista en Andalucía no reparó en ello e incentivó sin descanso sus cultivos con toda clase de subvenciones. Lo financió como joven agricultor y apoyó económicamente el cultivo de frambuesas, la instalación bombas de agua, los invernaderos y hasta su formación, como relató el 13 de junio pasado en la Comisión de Fomento del Parlamento andaluz que dio audiencia a los distintos afectados por la proposición de ley presentada del PP y Vox que pretendía transformar en regables unas 700 de las 1.500 hectáreas excluidas del plan de 2014. La Junta de Andalucía, impulsora de la norma, ha decidido congelar su tramitación tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno tras casi dos años de tensiones y enfrentamientos.

Este agricultor, hijo de un antiguo funcionario de la Junta, ya no siembra la tierra de su abuelo. El palo económico fue tan grande que decidió retirarse y alquilar una finca a 50 kilómetros de su casa, en Cartaya (Huelva). «Primero, me ayudas, y luego soy un delincuente», clamó. Ahora pide una «restauración moral por el daño causado», que no sólo se cuantifica en euros.

En líneas generales, los agricultores que se habrían beneficiado de la ley para regularizar regadíos en el entorno de Doñana recelan del 'plan b', un paquete de ayudas sociales valorado en unos 350 millones de euros durante cuatro años, que ha puesto sobre la mesa el Ministerio para la Transición Ecológica para dar una salida económica a la comarca. A cambio, la Junta ha aparcado la norma durante un mes, a la espera de consensuar con los ayuntamientos, agentes sociales, agricultores y ecologistas un plan de medidas alternativas a los regadíos.

La música y la letra del discurso de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Teresa Ribera no les termina de convencer. «Lo que dice está muy lejos de aportar soluciones a nuestro problema», asegura Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. Valoran que se abra una etapa del diálogo después de casi dos años de enfrentamiento y que no se haya retirado la ley del Parlamento andaluz, porque «no nos fiamos».

Díaz demanda soluciones «viables» para distintas casuísticas de los agricultores. «Si de entrada [Ribera] dice que no va a permitir ni un metro más de regadío, ya está poniendo una línea roja», se queja. Tampoco comparte que de el Estado compre fincas con derechos de agua en la comarca, a sabiendas de que «hay tierras de secano hoy que lo fueron de regadío y que incluso subvencionaron con fondos europeos». Por ello defiende «recuperar los derechos históricos que se perdieron». La permuta por terrenos en otra zona no es, sostienen, viable.

La regularización de los regadíos se cerró en falso con un plan andaluz de 2014 que no acabó con la proliferación de pozos ilegales, lo que provocó una condena de la Justicia europea a España por incumplir la obligación de proteger este humedal.

No todos piensan igual. El presidente de la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Manuel Delgado, acogió con «esperanza» el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía de posponer el debate de la proposición y aboga por «gestar nuevas soluciones» que «cuenten con todos los agentes implicados».

Los alcaldes de la Corona Norte del Doñana, afectados por la proposición de ley, también celebran la disposición al diálogo de las administraciones central y autonómica para dar una respuesta a los agricultores de la zona.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella (del partido Ilusiona), se mostró satisfecho por el principio de acuerdo: «Si hay algo que sirve para la sostenibilidad de Doñana es que el ecosistema esté tranquilo y equilibrado». Su partido votó dos veces en contra de la ley andaluza en el pasado mandato municipal, cuando estaba en la oposición.

Juan Antonio García, alcalde de Bonares (PSOE), fue más crítico con la Junta. «La proposición de ley era un engañabobos y no iba a llegar a ningún lado», dijo sobre el texto legal que el PP llevó al Parlamento.

Álvaro Regidor (PP), que es el alcalde de Lucena del Puerta, opina lo contrario. La Junta «llevaba mucho tiempo esperando que desde el Gobierno central se sentaran a hablar sobre el tema», por lo que se mostró «contento» pero «firme» en que la proposición de ley «es justa para los agricultores de la zona».