Interior sustituye a guardias civiles por vigilantes en las cárceles

El Gobierno autorizó a la Secretaría de Estado de Seguridad la contratación de un servicio de apoyo con vigilantes privados en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Esto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 30 de mayo, pero previamente se ha tenido que realizar un proyecto piloto.

La idea de Interior era liberar a policías y guardias civiles de su trabajo en las prisiones para desarrollar funciones más específicas y exclusivas de ellos, tales como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales y sedes judiciales, o el traslado de internos. De esta manera, con la incorporación de guardas jurados a las cárceles, se compensaba la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ya que se ha disminuido las ofertas públicas de empleo por la crisis.

El coste de este contrato de guardas jurados asciende para toda España a 33.387.743,03 euros, distribuidos en dos anualidades, la de este año y la del que viene. Andalucía entra dentro del lote 1, junto con la comunidad autónoma de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. Entre todas las de este grupo gastarán 9.853.429,59 euros. Este proyecto afecta a más de 800 personas empleadas en diferentes turnos. El Ministerio de Interior a través de su oficina de información ha confirmado a este periódico que en la actualidad hay 164 vigilantes de seguridad privados que están trabajando ya en las 14 cárceles de Andalucía.

Solo a título orientativo señalar que en la cárcel Sevilla I hay ahora mismo el mismo número de vigilantes privados que guardias civiles por turno. O que en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra los miembros del Benemérito Instituto doblan a los guardas jurados. En Córdoba, sin embargo, la vigilancia de empresas de seguridad privada no es ni la quinta parte que la de guardias civiles.

AUGC , Asociación Unificada de la Guardia Civil, se opuso a esta nueva ley desde el primer momento. Para este colectivo de guardias civiles la aprobación por parte del Partido Popular y CiU «crea en la práctica una “policía privada”, incrementando innecesariamente el gasto público y convirtiendo una materia tan relevante como la seguridad pública en un espacio de negocio privado».

Desde su área de servicios, protección y seguridad AUGC hizo públicas las empresas adjudicatarias en el lote 1 de Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla. Estas fueron una UTE (unión temporal de empresas) compuesta por Ombuds, Eulen, Vinsa, Prosetecnisa, Sabico, Garda y Casesa.

En un sentido completamente contrario se ha manifestado Aprogc (Asociación pro Guardia Civil). Esta organización ya propuso en su día externalizar los servicios de control de accesos y seguridad de las instalaciones, empleando ese personal para tareas policiales más específicas, es decir, que se quitaran guardias civiles de puestos de vigilancia estática, pero nunca retirarlos a todos y, mucho menos, de un modo traumático para los afectados. Para Aprogc «los vigilantes deben ser auxiliares en la vigilancia de los guardias civiles. Para observar la cámara de una cárcel vale cualquiera, pero para patrullar los caminos de España solo vale la Guardia Civil». «Pero eso no debe suponer que los guardias civiles que dejen la vigilancia en las cárceles deban o vayan a ser destinados a otros sitios», puntualiza la asociación.

Desde esta asociación ponen ya ejemplos donde personal del Benemérito Instituto comparten tareas con vigilantes jurados, tales como ministerios, juzgados, aeropuertos, etc… «Evidentemente, cualquier solución que se adopte no puede perjudicar a los guardias civiles que actualmente están prestando estos servicios», insisten.