En libertad con cargos cinco de los imputados en la operación Enredadera

Entre los cinco imputados que han sido puestos en libertad por la magistrada se encuentran dos empleados de la empresa Fitonovo y el exjefe de servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla Elías Oliver, quienes han comparecido como imputados ante la juez tras ser puestos en libertad por la propia Guardia Civil y que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.

Los cinco imputados se han negado a declarar debido a que, al estar el caso bajo secreto, no conocen los hechos que se les imputan.

En el caso de Elías Oliver, la juez le ha imputado tres delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, tras lo que se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que la Fiscalía de Sevilla ha solicitado para el imputado una fianza de responsabilidad civil de 60.000 euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado en libertad a 22 de los 32 detenidos en la operación Enredadera dirigida contra una trama corrupta, integrada en su mayoría por funcionarios e infiltrada en administraciones que facilitaba contratos irregulares a cambio de comisiones.

Los diez que permanecen detenidos pasarán a disposición de la juez Mercedes Alaya , que dirige la operación, entre esta tarde y mañana, ha informado a Efe un portavoz de la Guardia Civil.

La operación se realizó ayer en doce provincias de forma simultánea por orden de la juez de instrucción número seis de Sevilla.

Entre los detenidos hay tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP); el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona (IU).

Los otros 29 detenidos son fundamentalmente funcionarios y representantes de empresas como Fitonovo, la empresa sobre la que gira gran parte de la operación Enredadera y cuyos responsables ya fueron arrestados el pasado año.

De hecho, esta operación representa la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por Alaya y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla S.A. y que condujo a Fitonovo.

Según los investigadores, la estructura de esta empresa se habilitó para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban contrataciones públicas, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos.

De los 32 detenidos, 23 lo han sido en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz.