La juez Alaya contra Goliat

En esta comunidad autónoma, la dama con los ojos tapados que representa a la Justicia tiene el rostro de Mercedes Alaya. Desde que asumió la investigación de la trama de la empresa municipal Mercasevilla —desvelada por ABC—, las macrocausas relacionadas con los fondos de Empleo han ido desgajándose como capas de una cebolla. El «caso Mercasevilla» mutó en cinco piezas diferentes, dos de las cuales —las referentes al delito societario y a la venta fraudulenta de suelo— pueden considerarse macrocausas por la dimensión de los respectivos sumarios.

De esta investigación también provienen las diligencias abiertas por la «operación Madeja» —sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex asesor del Ayuntamiento de Sevilla Domingo Enrique Castaño y la presunta financiación ilegal del PSOE— y el propio caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos, que nació cuando Alaya detectó entre los beneficiados por el ERE de Mercasevilla a personas que nunca habían trabajado en esta empresa y que ya acumula 207 imputados.

La juez también abrió diligencias sobre las ayudas concedidas por la Agencia IDEA —la entidad pública que la Junta de Andalucía utilizaba para pagar los ERE presuntamente fraudulentos— y casi con toda certeza asumirá en breve la investigación sobre los cursos de formación financiados por el Gobierno andaluz, una causa que puede superar en volumen económico a la del «caso ERE». Por si todo este descomunal entramado fuese insuficiente, el juzgado de Mercedes Alaya también instruye desde 2008 el «caso Betis», las diligencias sobre el delito societario de Manuel Ruiz de Lopera y su gestión de 18 años al frente del club verdiblanco. Otro sumario extraordinariamente voluminoso.

Para esta colosal carga de trabajo, Alaya apenas cuenta con refuerzos respecto al resto de los juzgados de la Audiencia de Sevilla. Dispone de un juez de refuerzo, Álvaro Martín Gómez, para atender la gestión ordinaria que no está relacionada con las macrocausas. Asimismo cuenta con dos funcionarios de apoyo, una fotocopiadora algo más moderna de lo que se estila en las dependencias judiciales y una grabadora de CDs «que se rompe cada dos por tres», señalan abogados personados en la causa. En total, el equipo de Mercedes Alaya para destripar la corrupción andaluza está integrado por cinco funcionarios y un técnico. El juzgado cuenta con otros cinco funcionarios dedicados al resto de la intendencia diaria, pero no despachan con la titular. «Los medios son patéticos. Antes del verano, y después de que Alaya insistiese mucho, la Consejería de Justicia ha instalado en los ordenadores el sistema Exnet, que permite la notificación telemática de las diligencias. Pero lo de este juzgado es la lucha de David contra Goliat», señala otro letrado.

¿Cómo afecta a la instrucción la concentración de tantas causas de vital importancia en un juzgado con tantas limitaciones? Fuentes cercanas a Alaya defienden que la magistrada monopolice todo lo referente a la corrupción andaluza. «Son tramas conectadas que no se pueden disociar», señala un jurista. «Con sumarios en diferentes juzgados no se podría coordinar ninguna estrategia. Es más, habría decisiones contradictorias e interferencias en la investigación. Con una instrucción atomizada la Guardia Civil y la Policía no podrían haber desarrollado el trabajo tan eficaz que han hecho», agrega.

Sin embargo, la concentración de macrocausas bajo una misma magistrada implica asumir los riesgos de las limitaciones físicas de ésta. Mercedes Alaya ya estuvo durante seis meses de baja debido a una neuralgia del trigémino, una patología relacionada con el estrés laboral. «Es una trabajadora incansable, extraordinariamente tenaz, pero es un ser humano y tanta carga de trabajo puede provocar errores en la instrucción», apunta un despacho de abogados personado en una de las macrocausas. «En Mercasevilla hubo un antes y un después de la apertura de caso ERE, en la instrucción se percibía que pasó a ser secundario y no le dedicaba tanta atención», agrega otro letrado de esta causa.

En cierta forma, Alaya se enfrenta ahora, una vez que ha elevado al Tribunal Supremo la parte del «caso ERE» que afecta a los aforados de la Junta de Andalucía, a su primer «examen final». Si el Alto Tribunal respalda las acusaciones de la magistrada, Mercedes Alaya exhibirá orgullosa su honda triunfadora. Pero si el Supremo no respalda la instrucción, se evidenciará que no se puede atacar un monstruo como la corrupción sin los medios imprescindibles. Y que no siempre David vence a Goliat.