La lista de quienes no tuvieron que justificar ayudas, dos años oculta

Amparado por la Ley, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no publicó en el BOJA una resolución de diciembre de 2012, firmada por el consejero Antonio Ávila, por la que se liberaba a organizaciones beneficiarias de subvenciones por cursos de formación para el empleo de tener que justificar las ayudas recibidas, con lo que podían seguir recibiendo más subvenciones sin haber tenido que fiscalizarse otras anteriores.

El SAE las ha justificado en «circunstancias de especial interés social» derivadas de los graves problemas de financiación que ha ocasionado la crisis a las entidades beneficiarias para poder afrontar los gastos de la ejecución de los cursos. También explica que se trata de una excepción a la ley general de la HaciendaPública de Andalucía, que establece que no se puede proponer el pago de subvenciones a personas o entidades beneficiarias que no hayan justificado en tiempo y forma las subvenciones concedidas con anterioridad con cargo al mismo programa presupuestario de la administración andaluza y de sus agencias. En esta ocasión sí se hizo. Con base legal, por supuesto. Se insistía ayer en que la exoneración «no supone eliminar la obligación de justificación de las ayudas porque sigue vigente esa exigencia y, en esa línea, se están comprobando los expedientes».

En total, fueron liberadas de tener que justificar sus subvenciones para seguir optando a otras algo más de 2.000 entidades merced a aquella resolución que permanecía oculta hasta ayer. Se liberó de esa obligación a 466 entidades financiadas en 2009 y a 378 de 2010, además de 1.159 de 2012 (2.895 expedientes en total). Entre ellas, múltiples ayuntamientos, mancomunidades y un sinfín de asociaciones, además de sindicatos y empresas.

Esta resolución del Servicio Andaluz de Empleo no se publicó en su día en el BOJA porque «no es obligatorio». Esa ha sido toda la explicación. Eso sí, ahora la Junta ha decidido darla a conocer para que «no se siga especulando con a quién se le dieron —las ayudas— o se les dejó de dar», se explicaba ayer desde el PSOE andaluz. Desde la Oficina del Portavoz del Gobierno regional se hablaba también ayer de «ejercicio de transparencia» y de que «Susana Díaz ha acabado con esta práctica». Pero todo se ha hecho tras denuncias periodísticas. Por eso ahora. Justo ahora.

A la pregunta clave están intentando dar respuesta los juzgados y la Policía, si bien ya se ha producido alguna contundente a tenor de las irregularidades flagrantes en la trama de sociedades y fundaciones del exconsejero Ángel Ojeda, señaladas por la Policía. Varias de sus sociedades están incluidas en la lista de exoneraciones. O sea, que la Junta —gobernada por sus compañeros de partido— le había liberado de tener que justificar ayudas recibidas desde las arcas públicas y sobre las que la Justicia ha puesto la lupa al considerarlas anómalas. Muchos millones fueron desviados. ¿Tiene algo que ver que se ocultara esa resolución con todo el fango detectado por los investigadores?