Las macrocausas contra la corrupción en Andalucía, en la mesa de la juez Alaya

Cuando está a punto de elevar al Tribunal Supremo los cerca de 200 tomos del proceso de los ERE para dirigir la causa contra siete cargos aforados, la titular del juzgado de Instrucción seis de Sevilla va a asumir todas las pesquisas de otro fraude, el de los cursos de formación, que vuelve a sacudir los cimientos del Ejecutivo que preside Susana Díaz. Cuando sólo ha pasado un año del inicio de las pesquisas, ya hay dos exconsejeros de la Junta imputados en este caso, Antonio Fernández y Ángel Ojeda, y una decena de juzgados andaluces tratando de seguir la pista al dinero defraudado.

Las primeras estimaciones podrían dejar cortos los 721 millones utilizados en el fondo de los ERE. En su auto del pasado 16 de julio por el que imputaba a Antonio Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, Alaya acusaba al Gobierno autonómico de conceder 950 millones de en subvenciones para formar a desempleados y trabajadores durante cuatro años, entre 2008 y 2011, que permanecían el pasado año «sin justificar». Paradigmático es el caso de Ángel Ojeda, cuya red societario amasó hasta 48,4 millones de euros en ayudas para organizar cursos en muchos casos ficticios.

Desde el pasado lunes, cuando se produjo la detención de este exconsejero, en el juzgado y en la Fiscalía de Cádiz había serias dudas sobre la competencia territorial de este asunto. Un atestado de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que remitió en julio al juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, menciona una serie de empresas que ya están siendo investigadas por Mercedes Alaya y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En su auto, Alaya mencionaba hasta seis empresas de Ojeda que subcontrataron las actividades formativas, proceso que no estaba autorizado, y además con otras compañías «que compartían la misma dirección». Es decir, que el dinero presuntamente acababa en la misma red empresarial.

La Fiscalía de Cádiz ha solicitado toda la documentación que tienen en su poder sus compañeros de Sevilla sobre las diligencias abiertas por Alaya con vistas a pedirle al juez Miguel López Marchena que se inhiba. Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado no se opondrá a esta petición. En el caso de que la «operación Óscar» acabe en manos de Alaya, la UDEF perdería el control de esas diligencias, que pasarían a estar en manos de la Guardia Civil, que se encarga ya de las pesquisas de la juez de Sevilla.