nuevos controles
La Junta refuerza los controles para evitar los ERE tres años después del escándalo
El BOJA publica la orden aumentar la fiscalización sobre el mecanismo de pago de las ayudas
j. m.
Tres años después del estallido del escándalo de los ERE, el mayor caso de corrupción política de la autonomía, la Junta ha decidido reforzar los controles sobre las transferencias de financiación, el mecanismo empleado para pagar las ayudas sociolaborales entre 2000 y 2010. Según la ... juez Mercedes Alaya, el Ejecutivo andaluz usó es procedimiento de manera ilegal para repartir fondos discrecionalmente.
La introducción de esos controles en el presupuesto de la Junta fue un compromiso adquirido por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado octubre en el Parlamento. Entonces, prometió incluir en las cuentas de 2014 las conclusiones del informe que solicitó a la Intervención General para garantizar la fiscalización previa y a posteriori de esas transferencias, y evitar así que se repitan casos como los ERE. Lo que se incluyó al final en los presupuestos fue una disposición adicional que instaba a la Consejería de Hacienda a aprobar en los tres primeros meses de 2014 una orden. Al final no han sido tres, sino cinco meses, ya que la orden se publicó ayer en el BOJA.
Una transferencia de financiación es un procedimiento administrativo que permite a una Consejería otorgar fondos a un ente público para su funcionamiento ordinario. Pero en el caso de los ERE, la juez estima que la Junta las utilizó para otorgar subvenciones sin control. Esto se hacía de la siguiente forma: los presupuestos dotaban de fondos -partida 31L- a la Consejería de Empleo, que a su vez los transfería a IDEA y esta abonaba a las aseguradoras de los EREy las ayudas directas a empresas. IDEA solo pagaba y no podía analizar los expedientes porque estos estaban en Empleo.
La orden, en pocas palabras, incrementa las facultades de la Intervención sobre las transferencias de financiación, tanto para el control posterior como, y ahí esta lo importante en el caso de los ERE, en la fase de fiscalización previa.
El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, explicó que «no es que antes no existieran» controles, «pero en vez de hacerlo ex post facto, el objetivo es hacer previamente la fiscalización de las ayudas». El coordinador de IUCA, Antonio Maíllo, aplaudió también el reforzamiento de los controles, aunque pidió que no solo sean para las empresas públicas. Finalmente, el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, valoró el «mayor control en la fiscalización» de fondos públicos, aunque exigió a la presidenta que dé explicaciones sobre los fondos de formación.
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