La juez Mercedes Alaya que investiga el caso de los ERE fraudulentos ha imputado a dos directivos da la empresa FCC y Cespa, que fueron adjudicatarias de los servicios de limpieza de Granada por destinar fondos recibidos de la Dirección General de ... Trabajo a unos fines distintos a los que en un principio estaban destinados.
En un auto al que ha tenido acceso ABC, la instructora imputa a Alvaro Mollinedo Gomez Zorrilla como responsable de relaciones laborales de la Delegación de Andalucía de FCC Medio Ambiente y José Antonio Pérez Sántos , responsables de relaciones laborales en la zona de Andalucía de Cespa S.A.. Ambos son citados a declarar por la magistrada el próximo 7 de marzo.
La imputación de estas dos nuevas personas, que se realiza a petición de la Fiscalía Anticorrupción, está relacionada con el conflicto que se produjo en las empresas adjudicatarias de los servicios de la limpieza pública de Granada en el año 2004. En ese conflicto, según el auto, intervino el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero para poner fin a la huelga.
Alaya investiga los pagos ordenados desde la Dirección General de Trabajo a las dos sociedades mercantiles «sin procedimiento alguno» de dos cantidades que superarían los 275.000 euros cada una.
La juez del caso ERE cita a declarar como imputados a dos directivos de FCC y Cespa
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