CÁMARA DE CUENTAS

El PP pide una comisión de investigación sobre el descontrol de las ayudas a la formación

Corredera se muestra escéptica ante la aprobación de la Ley de Transparencia que «no entra en la corrupción generalizada»

El PP pide una comisión de investigación sobre el descontrol de las ayudas a la formación v. gómez

J. M.

La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana Corredera, anunció este lunes que su grupo ha registrado este lunes en el Parlamento andaluz la petición de creación de una comisión de investigación sobre el uso de los fondos para formación para el empleo de los ... parados que distribuyó el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Esta petición se produce tras el informe de la Cámara de Cuentas que mostraba el descontrol en la gestión esas ayudas, que, entre otros datos, señalaba que la Junta dio sin control el 89% de esas subvenciones en 2009 y que la Faffe, un fundación de la administración autonómica, recbió casi 49 millones de los que no consta justificación alguna.

La demanda de esta comisión de investigación se produce 24 horas antes de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la Ley de Transparencia, una de las apuestas estrella de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que tiene un ambicioso objetivo: facilitar en 20 días información de la administración andaluz a las demandas que realicen los ciudadanos. De esta forma, según explicó Corredera, el PP quiere con esa comisión de investigación «dar una nueva oportunidad» al Gobierno andaluz para muestre que su «apuesta por la transparencia es real».

La dirigente popular, sin embargo, se muestra escéptica ante que la Junta dé un giro de ciento ochenta grados a su tradicional opacidad y comience a facilitar información sobre cuestiones que llevan años preguntando. Como ejemplos, Corredera que el Gobierno andaluz siempre se ha negado a facilitar datos sobre las cesantías de altos cargos, si paga la defensa de directivos y exdirectivos implicados en casos judiciales como los ERE, el número de puestos de libre designación, el número de sede de la Faffe y la agencia IDEA o a cuántos altos cargos les paga el alquiler de sus viviendas, entre otros.

Por todo ello, la vicesecretaria de Organización espera poco de la Ley, impulsada por un Gobierno que calificó de «campeones de a opacidad» y que, por lo que se ha avanzado, se prevé «vacía de contenido». En su opinión, la norma persigue «salvarle la cara» al la Junta y «no entra en el fondo del verdadero problema de Andalucía: la corrupción generalizada de treinta años de gobiernos socialistas». Algo en lo que colabora, añadió, IU con su «silencio cómplice».

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