Hubo 22 ampliaciones presupuestarias para la partida de los ERE fraudulentos en Empleo

Pero, de ese montante total, hubo algo más de 695 millones de euros que se consignaron a través de créditos iniciales en los presupuestos mientras que el resto, más de 154 millones, se obtuvieron a través de modificaciones presupuestarias , es decir ampliaciones de los presupuestos. El citado informe insiste en que la Junta de Andalucía no solo utilizó la famosa partida 31-L (que Francisco Javier Guerrero denominó «fondo de reptiles») para dar las subvenciones. En este sentido, afirma que se utilizaron créditos de otros programas presupuestarios que ascienden a 3.473.286 euros .

Además de concluir que «no consta que en el periodo 2000-2009» los sucesivos consejeros de Economía «en el ejercicio de sus competencias, adoptaran las medidas necesarias para evitar las irregularidades , también destaca otras cuestiones. Por ejemplo, que sólo en ocasiones se utilizó por la Junta de Andalucía la palabra subvención, ya que normalmente usaba la palabra ayuda «como si se tratara de algo diferente y como si las normas aplicables a las subvenciones no lo fueran igualmente a las ayudas». Es decir que, con esa palabra, pretendían situarse al margen jurídico de las subvenciones.

La Intervención concluye que las ayudas prescindieron «total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido», lo que puede ser causa de su «nulidad de pleno derecho». Los peritos del Estado constatan también el «irregular sistema denominado de pagos cruzados» utilizado por Empleo para trasvasar dinero de unas partidas a otras, por lo que «las nuevas obligaciones así adquiridas pudieran ser también nulas de pleno derecho».

Y también que entre los años 2000 y 2009 la Consejería de Empleo no fiscalizó ningún expediente de la partida 31-L. En cuanto al coste, la Intervención ha contabilizado que el coste de cada trabajador que se incluyó en un ERE fue de más de 155.000 euros y que Francisco Javier Guerrero no tenía competencias para otorgar las subvenciones ya que era una competencia del consejero de Empleo.