El exasesor del PSOE Domingo Enrique Castaño y otros tres imputados, ante Alaya

Estas declaraciones se producen después de que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense haya certificado en un escrito remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla que la licencia de primera ocupación concedida en el año 2009 a Sanma, filial de Sando, se otorgó sin que se hubiera realizado de forma previa un informe relativo a las obras de urbanización. Sanma, filial de la constructora Sando, se hizo con el concurso con una oferta de 106 millones pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga, ascendente a 158 millones.

Según un auto dictado el pasado 30 de octubre por la juez, consultado por Europa Press, el primero en comparecer ante la magistrada, a partir de las 10.00 horas, será el arquitecto Alberto Balbotín, quien «emitió certificado final de obra como documentación esencial para que fuera concedida» dicha licencia, «en la que se hacía constar que la edificación estaba concluida y apta para su uso, cuando a la fecha de la referida certificación la edificación y urbanización carecía de las obras de infraestructura eléctrica».

A las 11,00 horas, está citado el técnico del servicio de Licencias José Manuel Ferrera por si «desea ampliar su declaración», mientras que a partir de las 12.00 y las 13.00 horas, respectivamente, comparecerán ante la juez María Victoria Bustamante, jefa de servicio de Vía Pública, y el propio Castaño, pues la juez entiende que «podrían haber impedido el pase al servicio de Obras, Proyectos y Actuaciones Infraestructurales para que se acreditara la falta de conclusión de las obras de urbanización».

En este mismo auto, Alaya ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue una factura de 150.000 euros que fue abonada a la lonja el 24 de febrero de 2006, es decir, once días después de que se adjudicara el concurso a Sanma. Según la juez, no consta «ni quién efectuó el ingreso, ni quién fue su receptor», por lo que ordenó a la UCO que practique las diligencias encaminadas a «investigar precisamente estos extremos, es decir, identificar a las personas que realizaron dichas operaciones y su concepto».