La «grasa» de la Junta de Andalucía que la consejera de Hacienda no ve

Las palabras de Montero, de entrada, contradicen las declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que en su discurso de investidura anunció la creación de un grupo de expertos independientes para que elabore un informe sobre el sector público instrumental, que podría servir de base para un futuro ajuste.

La consejera, además, han tenido la virtud de provocar la airada protesta de los sindicatos, entre ellos UGT y CC.OO. que ayer rechazaron, con amenazas de movilizaciones, la posibilidad de que las nóminas de los empleados públicos sufrieran nuevos recortes. Y de paso, organizaciones como la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), al margen de sumarse a esa negativa, recordaron también la amplia relación de empresas instrumentales, 267, con más de 25.000 trabajadores externos, y la existencia de entes como la RTVA, en donde trabajan más de 1.500 personas.

La reordenación impulsada por la anterior consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, partía de la existencia de unas 380 figuras diferentes entre empresas públicas, consorcios, agencias, fundaciones y observatorios, y según la interpretación de la Junta se ha procedido a la eliminación de 113 entes públicos con un ahorro de 200 millones de euros. No obstante, en este punto conviene subrayar que 95 de ellos fueron las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local (Utdlt), en cuya financiación colaboraban de forma importante los ayuntamientos y las diputaciones. En definitiva, la reordenación se convirtió, para muchos, en una operación más cosmética que práctica.

Así, se mantiene una Administración «paralela», con un presupuesto de alrededor de 5.000 millones, que según el secretario general de SAF, Carlos Sánchez, cuenta con un personal nombrado «a dedo» y que teniendo como referencia la alusión de la consejera a la «grasa», «ha engordado de forma mórbida, mientras que la Administración general se está muriendo de inanición».

La Junta mantiene también 2.709 directivos de libre designación, los denominados trabajadores «VIP» de la Administración autonómica, y conserva, pese a las restricciones, una flota de vehículos oficiales de 260 coches.