La juez Alaya impone 4,1 millones en fianzas civiles a dos imputados de los ERE

El pasado 16 de mayo de 2012, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una fianza civil de 3,5 millones de euros para Encarnación Poto, que se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, mientras que para el segundo de los imputados interesó una fianza civil de 153.000 euros, a la que su abogado se opuso al entender que de su declaración "no se desprende la existencia de base alguna para el sostenimiento de la imputación". En un auto dictado el pasado 3 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 argumenta respecto a Poto Monge, militante del PSOE y de UGT, que promovió en el año 2003 que se realizara un ERE "en el que ella se incluiría, a sabiendas que dicho ERE no era necesario para Acyco".

No obstante, la imputada sabía que "por sus importantes relaciones políticas y personales con la Junta" podía obtener una ayuda sociolaboral "que financiara íntegramente la prejubilación de los trabajadores, incluyéndose a ella misma", para lo cual contrató a un despacho de abogados "que así se lo garantizó". Con ello, "lograría dos objetivos: liquidez para Acyco y unos cuantiosos ingresos personales, consiguiendo con indiciario ánimo de lucro hacer del ERE un negocio redondo", ya que "al ser despedida cobró durante dos años su indemnización por despido, luego cobró rentas por importe de 276.505,92 euros en virtud de la póliza derivada de su prejubilación".

No obstante lo anterior, la imputada siguió ejerciendo como presidenta de Acyco, "cargo por el que estuvo percibiendo hasta 2011 dietas" que la juez tacha de "inusuales" y que "superaban con creces el salario mensual que la misma recibía como trabajadora de Acyco antes del ERE".

Además de estas dietas, prosigue la juez, "pasó a cobrar otras tantas por incorporarse a los consejos de administración de las empresas del Grupo SOS", por lo que "puede afirmarse indiciariamente que se ha enriquecido ilícitamente con cargo a fondos públicos". La imputada "propició a través de sus influencias y de las del despacho que contrató la concesión por la Junta, sin mediar solicitud alguna, de una ayuda sociolaboral tan cuantiosa como innecesaria, porque de entrada no era necesario el ERE de Acyco", de ahí "que como primera partida para cuantificar el importe de la fianza se considere el importe íntegro de tal ayuda sociolaboral ascendente a 2.951.413,84 euros".

Poto, a la que la juez imputa sendos delitos de prevaricación, cohecho y obtención indebida de subvenciones, solicitó además una ayuda excepcional para el mantenimiento de 144 puestos de trabajo, recibiendo una ayuda de 109.620 euros que "coincidía" con los honorarios por asesoramiento de un despacho de abogados.

En el mismo auto, la juez impone una fianza civil de 45.768,15 euros a Gabriel Barrero, imputado por presuntos delitos de obtención indebida de ayuda de la Administración, prevaricación y malversación de caudales públicos. La juez considera que "participó" en la inclusión de Poto Monge en el ERE "a sabiendas de que iba a continuar como presidenta del consejo de administración de Acyco, permitiendo que se beneficiara económicamente de esta situación", así como en la petición de la ayuda excepcional antes mencionada.

No obstante, la juez Alaya considera que "debe matizarse su responsabilidad civil" ya que "era asalariado de Acyco y, por consiguiente", se encontraba "a las órdenes de su consejo de administración y fundamentalmente" de la imputada.