La defensa de Albarracín recurre el auto de ingreso en prisión por el caso ERE

Francisco Rubiales, abogado de Albarracín, defiende que ni existe "riesgo de fuga" ni su cliente tiene "ánimo" de destruir pruebas, con lo que carece de "sentido" que este imputado haya ingresado en la cárcel "a estas alturas" de la instrucción.

La juez Mercedes Alaya , como es sabido, ordenó el ingreso en prisión sin fianza de Antonio Albarracín por posibles delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad en documento mercantil.

Albarracín, como se ha informado, formaba parte de la cúpula de 'Vitalia', una de las consultoras contratadas para los cálculos relacionados con las indemnizaciones y pólizas de seguro de rentas asociadas a los expedientes de regulación de empleo financiados a través de la partida presupuestaria 31L de los fondos de la Junta de Andalucía, una partida cuya gestión habría escapado a la preceptiva fiscalización dando lugar a numerosas irregularidades.

Dado el caso, Francisco Rubiales, abogado de Albarracín, ha manifestado a Europa Press que el pasado lunes formalizó ante el Juzgado de Instrucción número seis un recurso de apelación con destino a la Audiencia Provincial, contra el mencionado auto de ingreso en prisión.

Y es que, como explica Rubiales, pese a los argumentos esgrimidos por la juez Alaya en el mencionado auto de ingreso en prisión, "no hay ningún riesgo de fuga, sobre todo porque mi cliente ha pasado 14 meses pidiendo declarar voluntariamente", toda vez que no cabe temer que se dedicase precisamente ahora, tras tantos meses de diligencias e instrucción, a destruir pruebas. Para Rubiales, "no tiene sentido" que Antonio Albarracín haya ingresado en prisión "a estas alturas" de la instrucción del caso.

La juez Alaya, desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, investiga como es sabido una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.

Mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años, la segunda de las instituciones habría librado directamente 647.869.157,45 euros para sufragar la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública al prescindir supuestamente de la fiscalización administrativa, siempre según la investigación.

Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas, además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con dirigentes públicos o miembros del PSOE.

Uno de los aspectos que incluye la investigación, en ese sentido, versa sobre las posibles comisiones que habrían cosechado las empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los citados expedientes de regulación de empleo.

Uno de los atestados policiales, por ejemplo, señalaba que las empresas de consultoría 'Hermes Consulting' y 'Maginae Solutions' habrían obtenido un beneficio de 186.800 euros sólo por su papel de "intermediación" en el ERE promovido en 2007 por Mercasevilla.

Pues bien, después de que la juez Mercedes Alaya regresase al Juzgado de Instrucción número seis tras varios meses de baja, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegaba el miércoles de la semana pasada una gran operación saldada con 22 detenciones, varias imputaciones y 13 registros en las provincias de Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla, Las Palmas, Madrid y Barcelona. Se trata, como se ha informado, de la 'Operación Heracles', tras la cual han comparecido ante la juez e ingresado en prisión tanto el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero , como Juan Lanzas .

Esta fase de la investigación, de cualquier modo, se centra en el papel juzgado en la trama por las empresas intermediarias del sector de los seguros y el presunto enriquecimiento ilícito a través de ellas. La juez, respecto a Antonio Albarracín, le atribuye el presunto "pagó" de 4.291.384,10 euros a "los entornos" de los sindicatos UGT y CC.OO. en el marco de las supuestas 'sobrecomisiones' "pactadas" con la Administración andaluza con cargo a las partidas del fondo 31L destinadas a los citados expedientes de regulación de empleo.

Albarracín, no obstante, atribuye este extremo a los antiguos gestores de la Junta de Andalucía y su relación con el exsindicalista Juan Lanzas, quien según su testimonio gozaba de comisiones como mediador en las reestructuraciones laborales.