Mercasevilla, la madre de todos los escándalos

El director gerente del «merca», Fernando Mellet, abandonaba en febrero de 2009 la jefatura de esa compañía alegando «motivos personales» y siendo aplaudido por los responsables municipales (PSOE-IU) dada la impecable gestión de la sociedad, con llamativos e históricos beneficios. Pero en el mes previo ya había encontrado Mellet algún motivo de peso para salir. Porque en aquel enero se produjeron las reuniones (de él y de su adjunto, Daniel Ponce) con los empresarios de La Raza en las que los responsables de la lonja pública —controlada por el Ayuntamiento— pidieron una comisión de 450.000 euros a cambio de concederles la escuela de hostelería que se iba a poner en marcha merced a una ayuda de la Junta (Consejería de Empleo) de 900.000 euros. «La Junta colabora con quien colabora», fue una de las sentencias espetadas a los empresarios grabadas por éstos. La frase de la que luego ha brotado la planta completa.

Aquella extorsión tiene ya hoy incluso una condena para los dos directivos del mercado y para el entonces delegado de Empleo de la Junta, Antonio Rivas. Las grabaciones, adelantadas por ABC, fueron llevadas por parte de los empresarios a un alto cargo de la Junta de Andalucía, administración que no tuvo más remedio —lo contrario era suicida— que trasladar las cintas a la Fiscalía de Sevilla. Que no es exactamente lo mismo que denunciar el tema en un juzgado. Tras semanas en la mesa del Ministerio Público, el asunto reventó a raíz de la publicación en ese periódico de la investigación y luego del contenido de las conversaciones. Los intentos de diluir la cuestión fracasaron. En abril, Juan Ignacio Zoido, entonces líder de la oposición, interpuso una querella por presunto cohecho a causa de esta petición de comisiones ilegales que recayó en el Juzgado de Instrucción 6. La juez Mercedes Alaya empezó entonces a tirar de ese hilo con tremenda habilidad e insistencia y de ese primer asunto partió luego el de la venta fraudulenta de los suelos del mercado mediante un concurso supuestamente amañado y, después, el presunto delito societario.

Casi un año después, en primavera de 2010, el concejal popular Beltrán Pérez denunciaba en los tribunales ese delito societario en la lonja, con especial hincapié en los dos ERE ejecutados en Mercasevilla en sólo cuatro años y que, curiosamente, no sirvieron para rebajar el número de empleados. Mellet y Ponce lo exponían en sus conversaciones: ¿cómo se puede lograr que la Junta apruebe dos ERE seguidos en la misma empresa? En esas indagaciones sobre los ERE de Merca aparecieron los primeros intrusos, y a raíz de ahí, Alaya extendió la causa a todos los EREfinanciados por la Junta. Entonces, el PSOE tampoco tuvo otra que personarse como acusación particular, aunque la juez llegó incluso a dictar algún auto en el que criticaba la labor del letrado, que casi hacía más de abogado defensor. A partir de ahí, mecha encendida...