La juez Alaya cree que el puzle encaja y apunta al exconsejero Fernández

En cualquier caso la juez cree que «las piezas del puzzle comienzan a encajar» en cuanto al «enorme perjuicio» que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el «negocio» en que se convirtieron las ayudas y el «presunto empecinamiento de la Junta» en tener fondos sin control. En el auto que ordenó prisión para los directivos de Vitalia, la juez insiste en su acusación contra los sindicatos CCOO y UGT, que cobraron comisiones «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno» pues su verdadera aportación era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en una póliza».

Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza «de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto», dice Alaya. La juez afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que «estaríamos ante un sistema perfectamente establecido , en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas». Ahora las investigaciones «han puesto de manifiesto un elemento nuevo que dota a la trama investigada de una visión mucho más amplia, como si las piezas del puzzle comenzaran a encajar», dice. La juez implica como presunto conocedor de las irregularidades al consejero de Empleo, Antonio Fernández, pues las sobrecomisiones «se acordaban presuntamente por el director general de Vitalia y el director de Trabajo» , el encarcelado Francisco Javier Guerrero, pero «con el conocimiento y autorización de los superiores jerárquicos de ambos», en este caso el consejero.