Los funcionarios no se rinden contra el «enchufismo»

Así se ha manifestado en declaraciones a ABC José Manuel Mateo , presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), organización que ha recurrido todos los protocolos y estatutos de las agencias surgidas durante la reordenación del sector público andaluz, que ha pedido la suspensión cautelar de todos los protocolos y que ha presentado denuncias penales contra altos cargos de la Junta. Denuncias que ahora prevé intensificar.

En la misma tónica, Pedro Ruiz , tesorero de la asociación «Defiendo mi Derecho y la Punción Pública», apunta que las plataformas de funcionarios de la Consejería de Agricultura han acordado impulsar denuncias «por la vía del contencioso y por la vía penal» contra los responsables directos de que se estén usurpando funciones específicas de los empleados públicos.

Este acuerdo se ha producido «a raíz de la reciente sentencia que anula definitivamente, sin posibilidad de recurso, la integración del personal de la empresa pública Dapsa en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa),

Y es que los colectivos representados en el ámbito de la función pública no están dispuestos a que la Junta consolide, a través de los hechos consumados, el trasvase de decenas de miles de empleados de la denominada «Administración paralela» a agencias de nueva creación con similares prerrogativas que los funcionarios de carrera.

La Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz , conocida también como «ley del enchufismo», ha sufrido en los últimos dos años numerosos varapalos judiciales, pese a lo cual la Consejería de Hacienda y Administración Pública se resiste a dar marcha atrás . Esta actitud no impide que sindicatos, plataformas y asociaciones de funcionarios insistan en mantener la batalla legal contra el enchufismo con todas las consecuencias.

La Junta, según el presidente de SAF, José Manuel Mateo , persiste invariable en su táctica de recurrir, cuando el procedimiento se lo permite, todas las sentencias desfavorables que ha acumulado, por una razón evidente. «Quiere distraer la atención de la gente mientras el conflicto se prolonga en el tiempo para ver si nosotros nos confiamos».

Según Mateo, resulta curioso que la Administración esté trabajando «como si nada hubiera ocurrido; es la verdad, y hay que trasladarlo a los ciudadanos». El presidente de SAF trae a colación en este punto la última de las sentencias favorables a su organización, y en contra de los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y la integración del personal procedente de la empresa pública Egmasa. Destaca que en la misma se puede leer que la decisión de la Junta «supone más que una huida del Derecho Administrativo, un desprecio al Estado de Derecho, y lo dice un juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que entiende que lo que pretende hacer la Junta es inconstitucional».

José Manuel Mateo resalta las dificultades legales que ya tiene la Administración andaluza para ubicar al personal que, procedente de una empresa pública desaparecida, está ahora en una Agencia cuestionada por los tribunales de justicia, donde esas personas no deberían trabajar como empleados públicos.

Pedro Ruiz, por su parte, opina en nombre de «Defiendo mi Derecho y la Función Pública», organización que junto con la asociación «Al Andalus», recurrió a través del despacho de abogados de Mariano Aguayo la normativa de la reordenación. Recursos que han llevado hasta la reciente sentencia sobre la integración del personal en Agapa.

La consecuencia que según Pedro Ruiz debe tener ese fallo es «un cambio de modelo del sector público» . Y mientras tanto, «que se dejen de pagar las nóminas por una agencia cuyos trabajadores ya no son parte de la misma porque es ilegal». Apunta que estos trabajadores en la práctica llevan ejerciendo potestades públicas desde hace muchos años «de forma ilegal» y una vez que han intentado «vestir el santo», los jueces se han opuesto.

Para seguir defendiendo «la independencia de la Administración, –dice–, el siguiente paso va a ser llevar a los tribunales a los responsables de la usurpación de esas potestades públicas». Así, las plataformas de funcionarios, de las que forman parte miembros también de asociaciones de empleados públicos, han acordado «iniciar procedimientos contencioso-administrativo y por la vía penal contra esas personas concretas» .