El juez decide levantar parcialmente el secreto de sumario del caso ERE

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de refuerzo, que dejará este Juzgado una vez finalizado su contrato para incorporarse la próxima semana al Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla, ha dictado este mismo jueves un auto en el que acuerda levantar el secreto total que pesaba sobre las actuaciones y, en su lugar, dicta el secreto parcial de las mismas por espacio de un mes en lo referente a la nueva investigación que está realizando la Guardia Civil.

Tras decretar por espacio de un mes el secreto total del sumario de los ERE el día 6 de noviembre de 2012, el juez sustituto decidió prorrogar dicha situación por otro mes, tras lo que este jueves y justo antes de que expirara esta prórroga, ha dictado un auto en el que decide levantar parcialmente dicho secreto, que por tanto no afecta a todo el caso sino únicamente a unos hechos concretos que están siendo investigados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la propia UCO ha remitido un oficio al Juzgado instructor solicitando la prórroga del secreto, lo que el juez ya estimó dada la "gravedad" de los delitos que se investigan y a fin de identificar a los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados, así como para indagar la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.

En un escrito elevado al Juzgado el 13 de diciembre, la Fiscalía Anticorrupción solicitó precisamente ésto al entender que el levantamiento parcial del secreto respecto del resto de las actuaciones "no afecta al buen fin de las diligencias hasta ahora interesadas por la UCO, posibilitando de este modo el impulso procesal adecuado del resto de la causa, que evite innecesarias dilaciones".

En caso de que se levantara el secreto total de las actuaciones, como así ha sucedido, el Ministerio Público pidió que, "a la mayor brevedad", se haga constar por parte del secretario "enumeración, si los hubiere, de todos los escritos y documentación en su caso aportadas por las demás partes y, asimismo, aquella documentación y expedientes que se hayan recibido en el Juzgado en cumplimiento de requerimientos ya acordados hasta el día de la fecha", todo ello "al no constar nada en los tomos de las actuaciones hasta la fecha escaneados y entregados a las partes".

De igual modo, Anticorrupción solicitó también que, en caso de acordarse el secreto parcial, el secretario haga constar "enumeración, si los hubiera, de todos los recursos presentados por las partes y que estén pendientes de resolver o tramitar, y ello con el fin de tener conocimiento adecuado de los mismos, al no constar nada tampoco en los tomos de las actuaciones hasta la fecha escaneados y entregados" a las partes.

La Fiscalía pidió, igualmente, que se fije un calendario de declaraciones en sede judicial de todas las personas que, "ya imputadas, aún no han declarado", así como la celebración, "en su caso, de comparecencia de medidas cautelares, incluidas en este caso las no celebradas respecto de personas imputadas que ya han declarado en sede judicial".

Fue la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que solicitó al juez que decretase el secreto sumarial de las actuaciones, petición que fue aceptada por Iván Escalera "teniendo en cuenta que se interesan" por parte de la Guardia Civil "investigaciones sobre personas físicas y jurídicas no imputadas pero sí relacionadas con actividades de los imputados, que entiende deben ser esclarecidas en las diligencias" que se interesan.

Una vez transcurrido el primer mes de secreto, el juez se reunió con los fiscales Anticorrupción y con agentes de la UCO a fin de decidir sobre la prórroga de dicho secreto, que finalmente decretó una vez "atendidas las razones esgrimidas por la UCO, que evidencian la gravedad de loas delitos investigados; la abundante documentación pendiente de análisis, y la concreta identificación de las personas que hayan podido ser los verdaderos beneficiarios de los fondos públicos".

Hay que recordar que, una vez el juez Iván Escalera ha finalizado su contrato, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado destinar al Juzgado de los ERE una juez de adscripción territorial, de nombre Ana Rosa Curra Rojo y que procede de Instrucción 13, a fin de reforzar este órgano judicial. Precisamente, este jueves ha sido su primer día de trabajo. Esta medida supone un serie contratiempo para el caso, puesto que la magistrada titular continúa de baja por enfermedad y la juez de adscripción territorial no conoce el asunto de los ERE, una causa que sí conoce por el contrario Iván Escalera, quien de hecho ha adoptado varias decisiones de calado.