Albares vuelve a la carga con las lenguas cooficiales en Bruselas

En septiembre ya se introdujo el tema en el mismo foro, al que también quiso asistir Albares personalmente y no el secretario de Estado, como es habitual, supuestamente para mostrar el interés especial del Gobierno en conseguir este objetivo, cuyo único propósito es contentar a los posibles socios independentistas del PSOE para una eventual investidura de Pedro Sánchez.

De hecho, el propio Albares dijo abiertamente que propondría a sus colegas que el proceso de oficialización de las tres lenguas que propone «empezaría por el catalán porque se ha pedido con más insistencia», por delante del euskera o el gallego.

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Jorge Navas

Pese a estar en funciones, el Gobierno intenta contentar a los separatistas con sendos envites a grande y a chica en Europa para poner el catalán, el euskera y el gallego al mismo nivel que el castellano o el inglés en unas instituciones que ya tienen que lidiar con otros 24 idiomas distintos

Para conseguir sus objetivos, el Gobierno debe convencer a todos los demás países, porque se trata de un asunto que afecta a los tratados esenciales y requiere unanimidad. En el Consejo de Ministros europeos del mes pasado, Albares quería haber elevado el asunto a una votación inmediata, pero la mayoría de países se mostraron escépticos y pidieron tiempo para analizar el asunto. En el orden del día del próximo del martes el punto no figura como pendiente de votación, sino como una «revisión» de la evolución del asunto y además en el último lugar de la agenda, justo antes del almuerzo.

La UE tiene en la actualidad 24 lenguas oficiales, entre ellas el español, que es la segunda lengua europea más hablada en el mundo después del inglés. La perspectiva de que en la próxima década se materialice el ingreso de los países que están en la sala de espera, como los de los Balcanes occidentales o incluso Moldavia y Ucrania, obligará a aumentar el numero de lenguas oficiales y hace más complicado que los demás países encuentren explicable que uno solo, en este caso España, quiera usar en Europa cuatro lenguas, lo que implica que se tenga que traducir absolutamente toda la legislación existente. La incorporación del irlandés ha necesitado quince años para ello. El Gobierno de Sánchez se compromete a pagar este sobre coste.