La ofensiva de Sánchez para forzar el uso de las lenguas cooficiales en la UE perjudica al castellano

A pesar de que el ministro aseguró que «no ha habido ningún veto» a la solicitud, el Consejo de ministros de Asuntos Generales no tomó ayer ninguna decisión ni votó sobre la propuesta, como pretendía el Gobierno español, y aplazó el debate mientras se llevan a cabo estudios jurídicos, técnicos y económicos sobre las posibles consecuencias de esta decisión. En términos de política comunitaria, devolver un asunto a la instancia anterior, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), se considera un fracaso.

En la reunión de ayer, la mayoría de países pusieron objeciones, casi todas lógicas, a las pretensiones del Gobierno en funciones de Sánchez. Más de la mitad dijeron que podían entender la solicitud que llevó Albares al Consejo hace un mes, pero también pidieron un análisis previo sobre las consecuencias económicas, jurídicas, administrativas o como precedente para otros casos y por ello rechazaron la idea de votar la propuesta española. Los representantes de una decena de países apoyaron que se pida antes un dictamen al servicio jurídico del Consejo y otros mencionaron la perspectiva de la adhesión futura de otros Estados, lo que elevará aún más el número actual de 24 lenguas oficiales en la UE.

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Pese a ello, Albares salió de la reunión del Consejo diciendo que «el Gobierno ha cumplido su compromiso» refiriéndose abiertamente a lo que Pedro Sánchez le ha prometido al líder independentista huido de la Justicia Carles Puigdemont, porque «hemos puesto en marcha la reforma del reglamento numero 1», que determina el régimen lingüístico en la UE, y que es una de las condiciones que le imponen para darle su apoyo en una eventual investidura.

Por si no había quedado claro el propósito inmediato de esta reclamación, presentada de forma abrupta aprovechando la circunstancia de que España ejerce actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, Albares ha decidido «priorizar el despliegue del catalán» en su petición, teniendo en cuenta los comentarios de algunos países, preocupados por el hecho de que un solo miembro quiere añadir tres lenguas a la que ya se utiliza oficialmente en todo el Estado, que es el castellano.

Entre muchos funcionarios y diplomáticos españoles en Bruselas el gesto ha causado desolación, teniendo en cuenta que la eventual inclusión de otras lenguas españolas en la lista de los idiomas oficiales tiene como consecuencia un demérito evidente para el castellano, que es la única que podría reclamar el estatus de lengua de trabajo -junto al inglés, el francés y el alemán- por ser el idioma europeo que tiene más hablantes en el mundo.

Formalmente, muchos países han intentado ser amables y comprensivos con la posición española, incluyendo a Finlandia, que no está de acuerdo, pero cuyo representante, el ministro de Asuntos Europeos Anders Adlercreutz, quiso explicar en un esforzado catalán que «siendo amigo de la cultura catalana creo que hay que medir las consecuencias del multilingüismo y que es demasiado pronto para tomar una decisión», como quería Albares.

En el debate de ayer, Albares utilizó el precedente de 2005, cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero ya lo intentó sin éxito, aunque se firmó un convenio para que los ciudadanos se puedan comunicar en cualquiera de las lenguas españolas con el Consejo y la Comisión, y se apoyó en el hecho de que las lenguas regionales «ya se hablan en el Parlamento nacional», a pesar de que entonces todavía no se había iniciado la reforma del reglamento y de que es una decisión que no ha sido aprobada por todo el arco parlamentario español.

Así que, después de casi una hora de discusión, el Consejo decidió este martes no decidir nada y lanzar el asunto hacia los laberintos de la burocracia. No se sabe si se recuperará durante lo que queda de presidencia española o el asunto le caerá a la siguiente, que es Bélgica, cuya relación es aún más compleja con las lenguas regionales, pero carece de una nacional como España. El ministro Albares lo justificó porque «algunos países han pedido más tiempo para analizarlo» y para que su equipo «pueda canalizar los comentarios de otros países», pero en realidad el asunto queda en un limbo del que no se ve bien como podrá salir, ni cuando lo hará ni bajo qué fórmula emergerá.