Sánchez juega a dos bandas para enredar con las lenguas en la UE

Esa estrategia se articula en sendos envites a grande y a chica. O, dicho de otro modo, un plan A de máximos y otro B de mínimos por si falla el primero, como parece cada vez más previsible. Cierto es que esa jugada a dos bandas no es nueva ni exclusivamente por el resultado del 23J, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz perdió por 20 escaños frente a la derecha no secesionista (PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria).

De hecho, el plan B o envite a chica se puso en marcha justo un año antes del 23J con la reunión que Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès, mantuvieron en La Moncloa el 15 de julio de 2022 para afinar los acuerdos de la mesa de diálogo que doce días después sellaron sus subordinados en el mismo complejo presidencial.

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Aquella en la que el ministro Bolaños se comprometió por escrito con ERC a impulsar el catalán en el Parlamento Europeo. En la segunda mitad de 2022, mucho antes de saber que su supervivencia dependería de un prófugo de la Justicia, este Gobierno insistió varias veces a la Eurocámara para materializar esa pretensión secesionista, hasta la fecha sin éxito.

Y por eso hace justo una semana los socialistas redoblaron la apuesta elevando a la Mesa del Parlamento con sede en Estrasburgo (Francia) esa misma propuesta para que se pueda hablar catalán, euskera y gallego en ese hemiciclo, que ya cuenta con 24 lenguas oficiales -algunos países comparten la misma- y más de 700 diputados.

La Eurocámara despejó la maniobra de los socialistas supeditándola a lo que se decida -o no- en el Consejo de Asuntos Generales (CAG) que se celebra mañana en Bruselas y en el que están representados los 27 Estados miembros. Ahí es donde Sánchez y Albares forzaron su envite a grande o plan de máximos, que no consiste ya en hablar gallego en los plenos del Parlamento Europeo, sino en que esas tres lenguas cooficiales -que no oficiales, porque el catalán o el vasco no lo son en la mayor parte de España- lo sean también a todos los efectos en toda la UE. Ahora ya las puede utilizar cualquier ciudadano que se dirija por escrito a las instituciones comunitarias o que intervenga en el Comité Europeo de las Regiones, donde están representadas las administraciones locales y regionales de toda la Unión, como los ayuntamientos y comunidades autónomas de nuestro país.

Pero Sánchez y sus socios secesionistas pretenden que el catalán sea exactamente igual que el inglés, que se ha mantenido como oficial en la UE pese a la salida del Reino Unido tras el Brexit. Un buen ejemplo de que las lenguas francas -el inglés en Europa, el castellano en España y ambos en todo el mundo- se imponen por pura lógica entre quienes las utilizan para unir y no para separar. La mejor prueba de ello es que hasta Ortuzar y Puigdemont hablan como un señor de Murcia cuando se reúnen entre ellos en Bélgica con la ikurriña de plasma porque a alguien se le olvidó llevarse una de tela.

Si Sánchez es capaz de poner de acuerdo a toda la UE sobre la importancia de igualar el euskera al francés o al alemán para facilitar así su investidura, ya no sería necesario su plan B. El problema es que necesita convencer a todos y cada uno de los otros 26 países en esa reunión de mañana. Unanimidad o nada, en cuyo caso también se le desvanece el premio de consolación del Parlamento Europeo. Pero siempre podrá decir que no es porque no lo haya intentado, incluso ofreciéndose a pagar la ronda -hasta 78 combinaciones cada vez que haya que traducir una intervención o documento en catalán, euskera o gallego a las 24 lenguas europeas y las otras dos cooficiales españolas-, sino porque su bloque progresista y separatista no alcanza más allá de los Pirineos y Waterloo y poco más puede hacer ante los conservadores, liberales y «fascistas» que predominan en las instituciones y demás Estados de la UE.

Desde Exteriores se muestran convencidos de todo lo contrario. Incluso presumen de que el resto de Gobiernos europeos han entendido que España es una excepción y que meter de golpe tres lenguas más no supone ningún problema lingüístico o constitucional. Pero los suecos ya han salido a honrar su gentilicio y detrás los finlandeses, que también tienen una región como Laponia con una lengua distinta a las del resto del país y a nadie se la ha ocurrido exigir el sami en los plenos del Parlamento Europeo. Al menos de momento, que todo es empezar y los lapones se sienten tan lapones como Rufián catalán.

Varios Estados miembros han pedido más tiempo -eufemismo elegante con el que Bruselas despacha lo que no le interesa- no ya para estudiar la propuesta, sino para analizar si es legal. Y eso que Exteriores sigue presumiendo de que todos esos países tienen una actitud «constructiva» ante la propuesta española y reconocen plenamente su validez lingüística y jurídica. Extraño optimismo en un ministerio donde la diplomacia que le es inherente aconseja más discreción y prudencia. Tan altas se han puesto las expectativas que no falta quien lo interpreta como una sobreactuación para aparentar que se intentó hasta el final y que no fue posible por culpa de otros.

El propio Albares ya adelantó que él mismo iría a esa cita, a la que siempre acude el secretario de Estado y no el ministro, demostrando así que para su Gobierno este asunto es tan importante como urgente, pese a que está en funciones y sólo debería despachar cuestiones de trámite. También se jactaban esas fuentes diplomáticas de que la propuesta será no sólo debatida, sino también votada, este martes porque así la presentó el ministro el 17 de agosto a modo de señal del primer pago a los secesionistas, cuyo apoyo necesitaba el Gobierno esa misma mañana para controlar el Congreso. Y así la registró la Presidencia europea de turno que, curiosamente, ostenta España. Sin embargo, muchos de esos países ya han dicho que esto hay que mirarlo sin tantas prisas, entre otras cosas porque sus Gobiernos no dependen de Puigdemont y Otegi, como el suyo.