Acusan a Puigdemont de desviar dinero para «cáterings de lujo»

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La motivación principal de la entidad, el gancho que justificaba su existencia, era la de encargarse de culminar el proceso de secesión iniciado, en un camino sin retorno, el 1 de octubre de 2017. La idea era clara. Tras la aprobación del artículo 155 de la Constitución, la Generalitat (encajada en la legalidad española) no podría aplicar el resultado del referéndum ilegal.

Aunque los secesionistas nunca explican cómo piensan llevar a cabo sus exigencias de máximos, el entusiasmo inicial, en marzo de 2018, por la creación de esta asociación fue transversal en el espacio independentista. Tras siete meses de expectativa, en octubre de 2018 la asociación se presentó con toda la pompa institucional en el Salón San Jordi del Palacio de la Generalitat. El Govern, entonces bipartito y dirigido por Quim Torra (Junts), asistió al acto al completo. También el que era vicepresidente y consejero de Economía, y ahora presidente autonómico, Pere Aragonès (ERC).

Con todo el respaldo público y el apoyo directo de Junts, ERC y la CUP, si bien los dos últimos partidos se fueron descolgando de la iniciativa a medida que comprobaron que, realidad mediante, la entidad ni podría culminar la independencia de Cataluña, ni tenía más función que la de mantener una ficción alrededor de Puigdemont –a pesar de que el pacto de gobierno Junts-ERC de 2018 incluía al Consell como entidad superior a la Generalitat–, el Consell de la República apenas ha conseguido llegar a los cien mil socios (que, eso sí, pagan una cuota).

El Consell tiene tres patas políticas. Una Presidencia, que nadie pone en duda que debe ser para Puigdemont; un Consejo de Gobierno, que hace las funciones de ejecutivo, dirigido por Puigdemont; y una Asamblea de Representantes de 121 personas, que se elige directamente por los socios –imitando a una supuesta representatividad territorial de Cataluña, los 'Países Catalanes' y socios repartidos por el mundo– y aprueba las 'leyes' de la hipotética república, y que Puigdemont y Toni Comín, fugado de la Justicia desde 2017, también diputado en el Parlamento Europeo y vicepresidente del Consell, quieren suprimir y sustituir por una especie de consejo de expertos, más dócil para los intereses de los eurodiputados, que lamine 'la separación de poderes' y evitar tener que rendir cuentas de las iniciativas y el dinero gestionado por la asociación.

Han sido 31 de los 121 representantes de esta Asamblea los que, esta misma semana, han hecho pública una carta abierta a Puigdemont con acusaciones muy graves –sin pruebas– sobre la gestión que el expresidente de la Generalitat y Comín están llevando a cabo al frente de este chiringuito belga. La treintena de fieles a la república catalana acusan al gobierno del Consell de obstaculizar la tarea de la Asamblea y de «intromisiones y menosprecios» al trabajo realizado.

Pero las imputaciones más embarazosas son las que hacen referencia al gasto económico. Los 'rebeldes' señalan que el gobierno del Consell desvía «una cantidad significativa de recursos con el pretexto de garantizar el 'buen funcionamiento' de la Asamblea: cáterings de lujo, mobiliario ostentoso excesivamente logotipado, emisiones televisivas con una producción de gran escala...». Unos gastos que no los demandan los representantes de la Asamblea, personas que, por otro lado, se pagan de su bolsillo los viajes y las estancias para las reuniones.

Los gastos son innecesarios, aseguran en el escrito, y se desvían, denuncian, a «proveedores» que benefician a «un círculo reducido de personas próximas al vicepresidente [Toni Comín]». ¿No es una vía de negocio para este «círculo»?, se preguntan en la carta abierta a Puigdemont.

Por esto, y otras quejas de funcionamiento interno, los firmantes del texto lamentan que Puigdemont quiera disolver la Asamblea como ente de la asociación privada. Y recuerdan que ni de lejos se ha cumplido con el objetivo de la entidad: «No ha habido ningún cambio sustancial en la realidad catalana [desde 2018], ni en el movimiento independentista, ni en el seno del Consell, ni entre los representantes que justifique dinamitarlo todo y enviar a la papelera todo el buen trabajo que se ha hecho».

Por su parte, Puigdemont y el resto de miembros del gobierno del Consell niegan las acusaciones vertidas sobre ellos y defienden su gestión al frente de la entidad. En cualquier caso, la asociación de los eurodiputados fugados de la Justicia española, más que parecerse a «la Dinamarca del sur», como en algún momento se dijo desde el nacionalismo para elogiar el futuro de una Cataluña independiente, se parece, quizás, a una mala copia de una supuesta Somalilandia del norte.