Villarejo amasó más de 23,5 millones con sus proyectos de investigación

La cifra que desvela hoy ABC es, pese a lo elevado, provisional: solo incluye los pagos que ya constan indiciariamente acreditados y sólo en un puñado de esos trabajos, desarrollados entre 2004 y 2016. Siguen aflorando más.

Según informan en fuentes de la investigación, este balance de ganancias, actualizado este mes de marzo, se concreta en una quincena de proyectos que tienen su reflejo en otras tantas piezas separadas del caso Tándem. Así, incluye los cerca de dos millones de euros que se dan por pagados en «King», el encargo que dio origen a la macrocausa y que se desarrolló para unos ecuatoguineanos, aunque se mantiene la sospecha de que la cuantía final fue de cinco millones.

No sería, en cualquier caso, el mejor pagado. Al margen de los distintos trabajos para el BBVA por los que cobró 10,2 millones de euros a lo largo de una década, o los realizados por 1,1 millones de euros desde 2004 para Iberdrola, entran en este cómputo los 7,4 millones que ganó en sólo un par de años con «Pit» , la encomienda de frenar la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez Maura y frustrar la causa que se seguía contra él en aquel país.

Constan asimismo en ese cómputo global los tres encargos que se enjuiciarán de forma conjunta a partir del 13 de diciembre: «Land», por el que se embolsó 340.000 euros investigando a miembros de una familia adinerada; «Iron», que le reportó 302.500 euros por espiar a un despacho de abogados y «Pintor» , donde el cobro fue de 20.000 euros en metálico por el intento de extorsión de un exjuez, de acuerdo a los respectivos autos de procesamiento.

Junto a ellos, los 23,5 millones incluyen otros proyectos que se encuentran aún en instrucción y de los que ya consta en el sumario la cantidad que medió, como los 414.180 euros de «Wine», para buscar «cosas chungas» del empresario Luis del Rivero, tal y como decía una de las agendas de Villarejo.  

En este apartado, cuentan los 212.000 facturados por el proyecto «Kids» y los 441.000 que mediaron en los denominados (y conjuntos) «Grass» y «Hacha», los mismos por los que Villarejo declaró este jueves como imputado ante el juez Manuel García Castellón.

Llegó caminando, por primera vez en tres años y cuatro meses. No hacía ni veinticuatro horas que había salido en libertad provisional y al terminar la comparecencia, se dirigió a los medios.

Según afirmó, «casi todos» sus proyectos «eran condicionados por interés publico», pero el rastro de esos 23,5 millones de euros no lo ha encontrado la Audiencia Nacional en las cuentas del Estado, sino en las de su empresa, Grupo Cenyt. Añadió una explicación llamativa: «Como no había fondos reservados, igual que se hace en otros países, se cobra a la empresa a la que se ayuda y que en muchos casos, era de interés estratégico para España».

Cabe recordar que los fondos reservados nacieron con la democracia y la ley reguladora es de 1995, siendo los proyectos objeto de análisis posteriores a 2004. Haber fondos, había.

También conviene destacar que una de las imputaciones a Villarejo es el cohecho, en el que habría incurrido si estando en activo, tenía esta actividad particular. Además, consta ya que sus empresas no tenían el preceptivo registro para prestar esos servicios de investigación privada.

En todo caso, el comisario ya ofreció esta teoría cuando declaró como imputado por los proyectos para el BBVA y defendió que como trabajaba como encubierto, pagaba de su bolsillo y facturaba en consecuencia. El Estado, decía, no ponía nada y él, al final, recopilaba información policial. Las fuentes de la investigación consultadas por este diario no dan credibilidad a ese argumento. Sobre todo, por cómo se movía después el dinero.

De acuerdo con la instrucción, los ingresos se gestionaban con agilidad en un entramado de tipo circular : según entraban los fondos se dispersaban en transferencias a cuentas de lo que parecía, eran sociedades de otras personas y de las que al final, el «titular real» era Villarejo. Buceando en el destino del dinero para cada uno de los proyectos, los investigadores se toparon con que además de esas salidas exprés de los ingresos, a veces, directamente al extranjero, se producían inversiones múltiples en participaciones sociales de mercantiles que iban cambiando de mano sucesivamente, dificultando el rastreo.

En total, el capital social íntegramente suscrito y desembolsado por el entramado empresarial de Villarejo, supera los 20 millones de euros, ya no solo con mercantiles como la propia Cenyt Consultoría Organizacional o Stuart & Mckenzie, con las que firmaba los proyectos, sino mediante otras sociedades como Cenyt Salud, que maneja un capital social superior a los 9,7 millones y está en el foco de la investigación por el presunto delito de blanqueo que se imputa al comisario.

Hay más. Las fuentes consultadas cifran el patrimonio inmobiliario de Villarejo en 16,7 millones de euros dentro y fuera (2,9) del país, con bienes titularizados por diversas sociedades tras las que al final, los investigadores siempre acaban encontrando al comisario.

El juez García Castellón ya libró orden de bloquear dos grandes propiedades en Uruguay, incluido un una casa palaciega del siglo XIX, el conocido como Castillo Idiarte Borda, que allí es Monumento Histórico Nacional. Aunque la Audiencia Nacional recordó hace unos meses la obligación de mantener la prohibición de disponer sobre esta y otra propiedad, las autoridades uruguayas tramitan su expropiación en favor del ayuntamiento de Montevideo.

En total, el Juzgado ha bloqueado algo más de medio centenar de propiedades sólo en territorio nacional y no descarta que haya más, sobre todo en el extranjero. De ahí que el juez y los fiscales sigan apreciando que concurre un elevado riesgo de fuga.

«¿Y cuánto es esa mitad?» repreguntó ayer el periodista. «Ya me gustaría a mí saberlo», dijo Villarejo.