La verdadera situación en la Universidad vasca

No es verdad. Lo cierto es que durante los últimos años, bastantes profesores, algunos muy conocidos y de gran prestigio profesional, se han visto obligados a abandonar la UPV, de forma temporal o indefinida. También hay estudiantes en el mismo caso. Su marcha no ha sido voluntaria, sino forzada por los terroristas. Los atentados son raros gracias a la vigilancia policial, pero se han dado casos de agresión física contra alumnos y profesores verdaderamente escandalosos, protagonizados por jóvenes pro-etarras, que han quedado impunes. Y como todo el mundo sabe, lo que nunca es sancionado siempre está permitido. Eso explica la razón de que muchos otros universitarios sufran constantes amenazas no sólo en la prensa pro-etarra, sino también en pancartas, pintadas y carteles que, en alguna facultad y para vergüenza de los responsables, permanecen hasta que se caen de puro viejo o son recubiertos por nuevas infamias. Aunque la mayor parte de los centros de la UPV se esfuerzan por impedir estos desmanes, lo cierto es que el ensañamiento contra ciertos docentes en la prensa pro-etarra, incluyendo medios vascos que se pretenden democráticos, no suele recibir réplica formal de las autoridades de la UPV, tan sensibles últimamente hacia las críticas de otros medios de comunicación.

Sabiendo todo esto, el propio rectorado ha animado a muchos profesores a dejar temporalmente la docencia, ofreciéndose para facilitar una estancia temporal en universidades más pacíficas. De aquí que las recientes declaraciones de Manuel Montero afirmando que «nadie ha dejado la UPV por razones de seguridad» sean tan insólitas como alejadas de la verdad.

El problema no se limita sin embargo a dar facilidades al profesorado amenazado, al que al fin de cuentas se le aparta de su trabajo perjudicando su carrera profesional. Porque si bien la UPV da muchas facilidades a los agredidos, lo malo es que los autores y cómplices de las agresiones todavía tienen más facilidades. Y así, mientras unos malviven amenazados y tienen que acabar marchándose, los que viven amenazando disfrutan de todas las ventajas académicas y pueden ocupar los puestos que la violencia deja vacantes.

No nos engañemos: en la UPV, como en absolutamente todas las instituciones vascas, hay una red mafiosa que apoya, justifica y explota el terrorismo en su propio beneficio, sin que su colaboración con ETA haya sido perseguida como se debe, impunidad que explica la larga duración de un fenómeno que la inmensa mayoría de la sociedad repudia. Así, los terroristas encarcelados disfrutan de diversos privilegios, como libros gratuitos y tutorías especiales, gracias al irregular e intocable estatuto de «alumnos presos». La difusión del extraordinario expediente académico de algunos de estos asesinos asombraría a la comunidad académica mundial.

Sabemos que el rectorado trata de mejorar la seguridad de la UPV, muchas veces con un alto costo y sin encontrar apoyo suficiente en las instituciones responsables, y tropezando también con la indiferencia e incomprensión de esa parte de la opinión pública vasca, por desgracia nada pequeña, que prefiere mirar a otra parte y regocijarse con la extraordinaria calidad de vida que, sin duda, disfrutan ellos. La UPV no puede solucionar problemas de seguridad general que no está en su mano resolver, pero también es verdad que, a nuestro juicio, la defensa de la seguridad, la libertad y la pluralidad universitaria no puede limitarse a dar años sabáticos a los amenazados y a medidas de seguridad pasiva. Por eso pensamos que la UPV debería comprometerse a erradicar de su seno a los teóricos, animadores y organizadores del terrorismo, estimulando por el contrario la práctica de la pluralidad.

La libertad de cátedra y la pluralidad de pensamiento disminuyen en la UPV a causa de la presión contra quienes piensan distinto de la uniformidad nacionalista, pero son imprescindible para conseguir esa calidad académica y profesional que es inútil buscar en las universidades de las dictaduras. Y para conseguir ese fin no sólo es inútil y dañino negar la realidad tergiversando la situación de tantos universitarios vascos, confundiendo a la opinión pública y desautorizando el testimonio de los exiliados, sino que es necesario dar pasos para facilitar a los universitarios expulsados el regreso a la UPV, con todas las garantías profesionales, académicas y de seguridad. El rectorado de la UPV puede contar con nosotros para conseguirlo, pero debe restablecer la confianza que han desatado sus recientes actuaciones y declaraciones reconociendo la existencia de un exilio universitario vasco, la opresión académica que sufren los amenazados y las gravísimas limitaciones de seguridad y libertad que ha conseguido imponer el terrorismo. En caso contrario, no hay duda de que la fuga de universitarios vascos, que algunos cínicos niegan y en el fondo desean aumentar, no sólo no se detendrá, sino que irá en aumento según vaya aumentando el círculo de los amenazados y crezcan los beneficios e impunidad prepotente de los amenazadores.

Firman este artículo:

Aurelio Arteta, Mikel Azurmendi, Ofa Bezunartea, Mikel Bilbao, Jose Antonio Calvo, Xesqui Castañer, Alberto Chamorro, Francisco Doñate, Enrique Echeburúa, Luis Egea, Miguel Escobedo, Zulema Fernandez, Carlos Fernández de Casadevante, Emiliano Fernández de Pinedo, Maribel García del Valle Irala, Fritz Hans Grafe, José Luis Hernández Marco, Jesús Ibáñez Medrano, Mikel Iriondo, Jon Juaristi, Francisco Llera, Gonzalo Maestro, Ignacio Martínez de Churiaque, Carlos Martínez Gorriarán, Virginia Mayordomo Rodrigo, Gotzone Mora, José María Portillo, Carmen Puerta, Juan Antonio Rivas, J. M. Rodriguez Molinuevo, Javier Santano, Felipe Serrano, José Manuel Susperregui, Sara Torres, Edurne Uriarte, Víctor Urruela, Federico Valenciano, Francisco Velasco