Unos 200 periodistas se concentran en Palma por «la libertad de prensa y de información»

Entre los presentes en la concentración se encontraban los dos redactores afectados, José Francisco Mestre y Blanca Pou . El acto había sido convocado por el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares y la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares . La protesta se ha desarrollado, bajo una intensa lluvia, en la Plaza de Cort. El lema del acto era «El secreto no se toca», que ha sido además la consigna que han repetido todos los periodistas concentrados. Durante la protesta se ha leído un manifiesto, en castellano y catalán, en el que se ha criticado el «ataque directo al ejercicio libre del periodismo».

Cabe recordar que el pasado martes la Policía Nacional, por orden del juez Miquel Florit, se desplazó hasta las sedes de la agencia Europa Press en Palma y de «Diario de Mallorca» para requisar diversa documentación sobre el denominado caso Cursach a dos periodistas que cubren informativamente esta causa. En dicho caso se investiga desde hace cinco años la existencia de una presunta trama de corrupción policial, política y empresarial cuyo eje sería el empresario mallorquín Tolo Cursach . El primer instructor de la causa fue el juez Manuel Penalva, que fue apartado del caso el pasado 7 de marzo por la Audiencia Provincial de Palma por «pérdida de apariencia de imparcialidad». El sustituto de Penalva en la instrucción pasó a ser Florit.

En ese contexto, Europa Press, «Diario de Mallorca» y los dos periodistas afectados han presentado este jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares una querella conjunta contra Florit, por los presuntos delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio, contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción. En la querella se pide la «inmediata devolución a sus propietarios» de los materiales incautados. Además, se cuestiona el auto dictado el pasado martes por Florit, porque «constituye una arbitraria conculcación del derecho al secreto profesional del periodista, disparatada e insólita». En ese sentido, el auto es calificado como «un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia».

El juez Florit decretó en su auto del martes sendas órdenes de registro en las sedes de Europa Press y de «Diario de Mallorca» tras la denuncia presentada recientemente ante el magistrado por el Ministerio Fiscal, el abogado de Cursach y el abogado de uno de los antiguos colaboradores del magnate, Tomeu Sbert , por un presunto «descubrimiento de secretos» en relación al caso Cursach.

Ese supuesto «descubrimiento de secretos» habría tenido lugar el pasado mes de julio, cuando «Diario de Mallorca» y Europa Press reprodujeron el contenido de un informe policial en el que se indicaba que existiría un presunto fraude fiscal en las sociedades controladas por el empresario mallorquín , que superaría los 51 millones de euros. A dicha cifra habría que sumar otros 14,7 millones de euros, por el supuesto impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que presuntamente trabajaban sin contrato. Un informe posterior de la Agencia Tributaria consideró, sin embargo, que no habría existido el presunto delito fiscal denunciado en el citado informe policial.

Los agentes acudieron el pasado martes primero a la delegación de Europa Press, en donde exigieron a la periodista que sigue el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la citada causa . Finalmente, los policías se llevaron su teléfono móvil, dos ordenadores de la empresa y varios documentos. Por la tarde, los agentes se desplazaron hasta la redacción de «Diario de Mallorca» con el mismo objetivo, pero se marcharon después de que el rotativo les comunicase que no entregaría voluntariamente ningún material. En cualquier caso, el martes por la mañana la Policía Nacional había requisado ya el teléfono móvil a uno de los periodistas de «Diario de Mallorca» que han informado del caso Cursach desde sus inicios.

Más allá de la querella presentada hoy contra el magistrado, a lo largo de estos días Pou y Mestre han recibido multitud de muestras de apoyo. Además, ha habido críticas de distinto nivel hacia el juez Florit . Por lo que respecta a las asociaciones judiciales, se han mostrado cautas, si bien han expresado al mismo tiempo su extrañeza por los registros ordenados, ya que ninguno de los dos periodistas afectados por la incautación de material se encuentra imputado en el caso Cursach. Por su parte, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha manifestado este jueves su «compromiso» y su «defensa» del «derecho fundamental a la libertad de información». El CGPJ ha recordado, en cualquier caso, que «la tarea de establecer el alcance y límites de ese derecho y de sus mecanismos de protección» constituye una labor jurisdiccional «cuya revisión y control no es ni puede ser función del Consejo General del Poder Judicial, sino de los propios tribunales».

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy genéricamente con la denominación de «caso Cursach» se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formaban también parte de dicha supuesta trama el propio Cursach, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta con diversas piezas separadas, entre ellas una que fue juzgada ya en marzo y que supuso la primera condena para el magnate. Así, el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma condenó a Cursach a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia, que había sido recurrida, fue confirmada el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial.

La citada sentencia condenatoria no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que para el cumplimiento de la pena que se le impuso se declaró «de abono todo el tiempo que haya podido estar privado de libertad por los hechos objeto de la presente causa, siempre que no le hubiera sido computado o le fuera computable para el cumplimiento de otras responsabilidades». En ese contexto, cabe recordar que el juez Penalva había decretado prisión provisional para Cursach en marzo del pasado año, situación que se acabó prolongando durante 13 meses. El empresario quedó finalmente en libertad con cargos el pasado 18 de abril, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial para poder salir del centro penitenciario de Palma.