Europa Press y «Diario de Mallorca» se querellan contra el instructor del caso Cursach

Cabe recordar que el pasado martes la Policía Nacional, por orden del juez Florit, se desplazó hasta las sedes de Europa Press en Palma y de «Diario de Mallorca» para requisar diversa documentación sobre el denominado caso Cursach a dos periodistas que cubren informativamente dicha causa de presunta corrupción policial, política y empresarial. La actuación judicial estuvo motivada por la posible filtración de un informe policial —sobre el que informaron la agencia y el diario— relativo a una pieza separada de este proceso.

Más allá de la presentación ahora de sendas querellas contra el juez, a lo largo del martes y del miércoles los dos periodistas afectados recibieron multitud de muestras de apoyo, por ejemplo por parte del Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares o de la presidenta del Gobierno balear, la socialista Francina Armengol . Además, más de 200 profesionales de distintos medios de comunicación suscribieron un manifiesto contra la citada operación judicial, que fue entregado a la fiscal general del Estado, María José Segarra . Por su parte, las asociaciones judiciales se mostraron cautas sobre lo ocurrido, si bien mostraron al mismo tiempo su extrañeza por los registros ordenados, ya que ninguno de los dos periodistas afectados por la incautación de material se encuentra imputado en el caso Cursach.

Precisamente, «Diario de Mallorca» ha publicado este jueves que hace ya algunos meses la Policía «tuvo acceso al listado de llamadas telefónicas» de ambos periodistas durante varias semanas, a pesar de no estar imputados en la causa. Según el rotativo, el juez habría ordenado a las compañías telefónicas de los dos redactores que facilitaran a la Policía las llamadas de entrada y salida. El diario explica que «Florit buscaba, al parecer, a una persona que participaba en la investigación que, según sospecha el juez, podría haber facilitado a los dos periodistas un informe sobre la contabilidad de los negocios de Cursach». Con posterioridad, «la Policía reclamó al instructor que dispusiera la requisa de los móviles, y otros dispositivos, así como documentos del caso Cursach de los dos periodistas para averiguar quién facilitaba información, una diligencia que fue apoyada por el fiscal Juan Carrau y que se materializó en el auto del martes».

Los agentes acudieron el pasado martes primero a la delegación de Europa Press, en donde exigieron a la periodista que sigue el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la citada causa. Finalmente, los policías se llevaron su teléfono móvil, dos ordenadores de la empresa y varios documentos. Por la tarde, los agentes se desplazaron hasta la redacción de «Diario de Mallorca» con el mismo objetivo, pero se marcharon después de que el rotativo les comunicase que no entregaría voluntariamente ningún material. En cualquier caso, el martes por la mañana la Policía Nacional había requisado ya el teléfono móvil a uno de los periodistas de «Diario de Mallorca» que han informado del caso Cursach desde sus inicios.

El juez Florit había decretado sendas órdenes de registro en las sedes de Europa Press y de «Diario de Mallorca» tras la denuncia presentada recientemente ante el magistrado por el Ministerio Fiscal, el abogado del empresario Tolo Cursach y el abogado de uno de los antiguos colaboradores del magnate, Tomeu Sbert , por un presunto «descubrimiento de secretos» en relación al caso Cursach.

Ese supuesto «descubrimiento de secretos» habría tenido lugar el pasado mes de julio, cuando «Diario de Mallorca» y Europa Press reprodujeron el contenido de un informe policial en el que se indicaba que existiría un presunto fraude fiscal en las sociedades controladas por el empresario mallorquín , que superaría los 51 millones de euros. A dicha cifra habría que sumar otros 14,7 millones de euros, por el supuesto impago de cuotas de la Seguridad Social de los empleados que presuntamente trabajaban sin contrato. Un informe posterior de la Agencia Tributaria consideró, sin embargo, que no habría existido el presunto delito fiscal denunciado en el citado informe policial.

Los orígenes de la macrocausa conocida hoy genéricamente con la denominación de «caso Cursach» se remontan a 2013. En aquellas fechas, el entonces instructor de la causa, el juez Manuel Penalva , y el fiscal Miguel Ángel Subirán empezaron a investigar la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá, que habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas. Para Penalva y Subirán, formarían también parte de dicha supuesta trama Cursach, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones.

El primer instructor del caso y el fiscal consideraban que el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Esa acusación ha sido siempre negada de manera rotunda por el propio empresario.

A lo largo del último lustro, el caso Cursach se ha ido ampliando poco a poco, por lo que hoy cuenta con diversas piezas separadas, entre ellas una que fue juzgada ya en marzo y que supuso la primera condena para el magnate. Así, el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma condenó a Cursach a ocho meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia, que había sido recurrida, fue confirmada el pasado mes de octubre por la Audiencia Provincial de Palma.

La mencionada sentencia condenatoria no implicó el ingreso de Cursach en la cárcel, ya que para el cumplimiento de la pena que se le impuso se declaró «de abono todo el tiempo que haya podido estar privado de libertad por los hechos objeto de la presente causa, siempre que no le hubiera sido computado o le fuera computable para el cumplimiento de otras responsabilidades». En ese contexto, cabe recordar que el juez Penalva había decretado prisión provisional para Cursach en marzo del pasado año , situación que se acabó prolongando durante 13 meses, hasta abril de este año. Penalva había atribuido en su momento a Cursach un total de hasta 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas.

El empresario quedó finalmente en libertad con cargos el pasado 18 de abril, después de haber abonado la fianza de un millón de euros exigida por la Audiencia Provincial para poder salir del centro penitenciario de Palma. En cualquier caso, la Sala impuso al magnate isleño diversas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la obligación de tener que presentarse ante el Juzgado todos los lunes de cada mes.

Uno de los hechos más relevantes ocurridos hasta ahora en relación a este proceso había tenido lugar el pasado 7 de marzo, cuando el juez Penalva fue apartado del caso a través de un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial. La Sala aceptó los dos incidentes de recusación presentados a finales del pasado año contra Penalva, al estimar que se produjo « pérdida de apariencia de imparcialidad » por parte del juez. El sustituto de Penalva en la instrucción pasó a ser el ya citado juez Florit.