Tumbada la propuesta de Vox de eliminar las subvenciones a los partidos: más de 170 millones al año

La existencia de esta financiación pública está contemplada en la legislación española como garantía del sostenimiento del sistema de partidos en el que se articula la competencia democrática, la pluralidad. Vox, sin embargo, considera que es un modelo que debería erradicarse, pese a que en estos momentos también participa del reparto de subvenciones institucionales establecido por ley. Sostiene que los partidos deberían financiarse exclusivamente con aportaciones privadas .

Este planteamiento fue tumbado de plano este martes en el Parlamento. La propuesta de Vox solo ha contado con los tres votos a favor de sus escaños, frente a 28 en contra –entre ellos los del PSOE y PP– y una abstención de Ciudadanos . Podemos no votó, porque sus representantes no asistieron a la sesión.

Sin éxito, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe sostuvo que los partidos deberían sufragar su actividad «de forma privada, no de forma pública», y que esos fondos privados fueran controlados legalmente «como cualquier persona jurídica». «Ahorraríamos dinero a los españoles y mucho trabajo al Tribunal de Cuentas », argumentó este diputado de Vox para defender su propuesta de resolución, que abogaba por modificar la Ley Electoral y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos para acabar con las subvenciones.

Al margen de las ayudas que se conceden específicamente para las campañas electorales, cada año las ayudas públicas estructurales para el sostenimiento de los partidos políticos superan los 170 millones de euros, la mayoría con cargo a las arcas autonómicas.

Según el último informe de fiscalización de partidos políticos que ha publicado recientemente el Tribunal de Cuentas, el que analiza sus estados contables de 2017, aquel año las formaciones con representación parlamentaria se repartieron 171 millones de euros de subvenciones estructurales. De ellos, 55,4 millones fueron aportados por el Gobierno central, 7,9 millones por las Cortes Generales –Congreso y Senado–, 57 millones de los parlamentos autonómicos, 8,6 millones de los gobiernos regionales y 4,5 millones de euros de las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares–.

Pese a tal flujo de fondos públicos, esas mismas formaciones políticas sumaban, al cierre de aquel año (2017), un endeudamiento global de 136 millones de euros.