El Supremo apreció un delito contra las instituciones del Estado en el asalto al Parlament de 2011

Al revisar la primera sentencia, el Alto Tribunal acusó a la Audiencia Nacional de «banalizar» la democracia al situar la libertad de expresión y de reunión por encima de los derechos de los representantes del pueblo catalán a ejercer sus funciones legislativas. «La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo», advirtió entonces la Sala Segunda, la de lo Penal, que alertó de la gravedad de no castigar lo que sucedió.

Los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por la plataforma del 15-M derivó en el asedio a más de una decena de parlamentarios regionales, entre ellos Artur Mas , cuyo vehículo oficial fue golpeado y zarandeado hasta el punto de que tuvo que acceder al Parlament en helicóptero.

El fallo del Supremo, redactado por el magistrado Manuel Marchena, dejó claro que los acontecimientos «violentos» atacaron «los valores superiores del orden democrático». El Supremo impuso una condena de tres años de prisión a ocho acusados, después de que la Audiencia Nacional absolviera a los veinte enjuiciados, con el voto particular en contra de Fernando Grande-Marlaska.