El Supremo se opone a indultar a los ocho condenados por el asedio al Parlamento catalán en 2011

La Sala recuerda que su actuación supuso un «ataque a un pilar de nuestra estructura democrática, representada en este caso por el Parlament, al vulnerar principios y valores esenciales de nuestro ordenamiento constitucional». Los condenados, prosigue, comprometieron una de las manifestaciones de la soberanía popular, representada en un órgano legislativo de una Comunidad Autónoma, que es, por definición, una de las sedes propias de la expresión del sistema parlamentario democrático, basado en la libertad y el pluralismo político.

Frente a los cuatro magistrados que firman el citado informe, el magistrado Perfecto Andrés, que era partidario de absolver, se muestra favorable a la concesión del indulto y emite un informe discrepante por «un elemental imperativo de coherencia con el sentido de mi voto particular a la sentencia de condena». Este magistrado considera que el artículo 498 del Código Penal, por el que se condenó a los solicitantes del indulto, exige el empleo de fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave, algo que, según este juez, no se produjo en los hechos probados. Asimismo, entiende que, con la lógica del legislador posconstitucional, las conductas juzgadas están hoy destipificadas y recuerda que «no han sido pocas las ocasiones –algunas, además, recientes y particularmente llamativas- en que funcionarios policiales responsables de odiosos delitos de tortura se beneficiaron de generosas condonaciones de pena».