La tercera parte de los afectados por el cierre del caladero marroquí eran gallegos

Arias Cañete precisó que sólo abordará con las autoridades marroquíes el «ofrecimiento de solidaridad» para que la flota gallega pueda faenar en sus caladeros, y que no tiene intención de plantear al reino alauí la apertura de una negociación para la firma de un nuevo convenio pesquero, como propone la Junta de Andalucía.

La oferta de Mohamed VI supone la entrada a unos caladeros que se encontraban cerrados para nuestra flota desde el 1 de diciembre de 1999, fecha en la que concluyó el Acuerdo de Cooperación en materia de pesca entre la UE y Marruecos, tras la prórroga de cuatro años del Acuerdo firmado el 13 de noviembre de 1995.

La no renovación del Acuerdo tras unas duras e infructuosas negociaciones conllevó un serio problema para gran parte de los pesqueros españoles. Nuestra flota estaba compuesta fundamentalmente por grandes buques congeladores, como es el caso de los cefa- lopoderos, que tienen posibilidades de pescar en otros caladeros, pero otra parte importante la constituyen los buques de porte menor, con base preferente en Andalucía y Canarias, que tenían muy complicada su ubicación fuera de las aguas marroquíes. De todos los buques que pescaban en el caladero marroquí, y que ahora pueden ser los más beneficiados, la flota más afectada fue la de arrastre, seguida muy de cerca por la de palangre y, finalmente, de la de buques cefalopoderos.

Consecuencia de la no renovación del Acuerdo 4.500 marineros y unos 400 barcos se vieron afectados, acelerándose la reconversión de la industria pesquera. Los trabajadores residían fundamentalmente en la Comunidades Autónomas de Andalucía (39 por ciento), Galicia (33 por ciento) y Canarias (24 por ciento). En Andalucía, las provincias más afectadas fueron las de Cádiz, Huelva y Almería, y en ellas los municipios de Barbate, Algeciras y Almería. En Galicia las provincias más afectadas fueron las de Pontevedra y La Coruña, y dentro de éstas, los municipios de Ribeira, Cangas, La Guarda y Marín. Respecto a Canarias las dos provincias se vieron afectadas, siendo los municipios más perjudicados Arrecife y Las Palmas.

El cerrojo puesto por Marruecos a las aguas alauitas también supuso problemas debido a la edad de los trabajadores afectados. Sólo unos 300 trabajadores (7 por ciento del total) tenían entre los 55 y 65 años, lo que hacía factible la aplicación de medidas de prejubilación, pero el grueso del conjunto de los trabajadores afectados por el Acuerdo era un colectivo joven, estando el 47 por ciento por debajo de los 40 años. Al ser una población joven y altamente dependiente del sector pesquero, la finalización del Acuerdo de Pesca impactó en el empleo y en el tejido socioeconómico, máxime en regiones que son objetivo número 1 de la Unión Europea. Prueba de ello es el montante económico destinado a sufragar la ayudas a los pescadores afectados por el paro forzoso en aguas de Marruecos. Las ayudas han beneficiado a 340 buques y a 2.961 trabajadores que reciben unos 900 euros mensuales. El último Acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos supuso para España la posibilidad de capturar hasta 170.000 toneladas de pescado al año, lo que en valor en origen se acercó a los 180.30 millones de euros (unos 30.000 millones de pesetas).

Hay que recordar que el coste del acuerdo pesquero con Marruecos experimentó una escalada espectacular al pasar de los 78.13 millones de euros anuales en 1995 a los 120.20 millones de euros de 1999, último año en el que se faenó en Marruecos.