Susana Díaz azuzó el conflicto de Navantia contra Sánchez

La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, ejerció de mediadora de un conflicto que ponía en riesgo el contrato de cinco corbetas encargadas al astillero público Navantia. No dudó en conversar directamente con Pedro Sánchez para resolver este asunto.

Díaz no podía permitirse la paralización de un proyecto que supera los 1.800 millones de euros de inversión saudí en los astilleros públicos y amenazaba los puestos de trabajo , directos e indirectos, de seis mil personas en la provincia de Cádiz hasta el año 2022. Ese año se prevé la entrega de la última de las cinco corbetas clase Avante 2200 para la marina saudí.

Según manifestó el presidente del comité de empresa de Navantia en San Fernando, Jesús Peralta, desde el Gobierno andaluz no se limitaron a mediar, sino que habrían instado a los trabajadores a no rebajar la presión con sus protestas para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez cediera. A pocos meses de unas elecciones autonómicas, que pueden adelantarse al mes de noviembre, al PSOE andaluz le inquietaba la posibilidad de un otoño de movilizaciones laborales en uno de los territorios de la región más castigados por el desempleo.

Aunque los responsables de la Junta llamaban a la calma en sus declaraciones públicas, entre bambalinas alentaban el conflicto de Navantia , convertido en otro capítulo de desencuentro entre el PSOE andaluz y el Gobierno.

El presidente del comité de empresa de la compañía así lo corroboraba horas antes de que se produjera la rectificación anunciada oficialmente por el ministro de Exteriores, Josep Borrell , en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado jueves.

«Hemos hablado con el Gobierno andaluz y nos han dicho que mantengamos la presión , que ellos se encargarán de hacerla llegar a Madrid». Estas fueron las palabras de Peralta ante una abatida asamblea de trabajadores que tenía que decidir las medidas que se iban a tomar para que no se perdiera esa tensión.

Sin embargo, esas palabras contrastaban con unas declaraciones que realizaba, casi en paralelo, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que había señalado que «yo confío en su palabra» , en referencia a la promesa del presidente Pedro Sánchez sobre el mantenimiento del contrato de las corbetas con Arabia Saudí.

Díaz conversó con el presidente del Gobierno respecto a las corbetas y éste le transmitió un mensaje de «tranquilidad, me dijo que no me preocupara» . El propio delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, aseguró en la mañana de ese martes que tras las conversaciones con el Gobierno central «le habían pedido a los trabajadores prudencia y tranquilidad».

Ahora bien, el propio Peralta, en declaraciones a los periodistas fue contundente a la hora de afirmar que « ni en la Junta -sin nombrar a ningún político de manera directa- ni en los ayuntamientos (no hay que olvidar que el Consistorio isleño también está gobernado por el PSOE, mientras que en Puerto Real y Cádiz se asienta Podemos) se fían de la ministra Robles ».

Hay que recordar que el 16 de agosto el Ministerio de Defensa emitió un comunicado en el que informaba, tras un ataque saudí en Yemen, que revisaría la venta de armas que estuvieran aún en trámite «y que pudieran implicar la utilización directa de este tipo de armamento contra población civil» . Aquella fue la primera pista oficial que podía dejar intuir el asunto de una posible venta de armamento a Arabia Saudí por parte de Defensa.

En cualquier caso, las variables formas de afrontar el problema desde las distintas sensibilidades del PSOE no se exhibirán públicamente. El portavoz de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Blanco, quiso dejar «muy claro» en su comparecencia de los martes «el compromiso expreso del Gobierno central con Navantia» .

Hasta la resolución del conflicto generó versiones contrapuestas. Mientras el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, anunciaba que todo se había solucionado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, sostenía que el Ejecutivo «oficialmente nunca puso en cuestión ningún contrato con Arabia Saudí» y que todo «fue fruto de filtraciones periodísticas». La culpa, una vez más, el mensajero.