El Supremo ya «sentenció» a Chaves y Griñán por su «ejercicio arbitrario» del poder

No será, por tanto, la primera vez que pase por las manos del Supremo el fraude de los expedientes de regulación de empleo , pero ahora acreditado ya en la sentencia de la Audiencia de Sevilla que este martes condenó a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta investigados a penas que oscilan entre los ocho años y medio de inhabilitación y los siete años y once meses de cárcel. El panorama para los recurrentes en casación pinta bastante negro a tenor de los pronunciamientos que hace ya cinco años hizo el TS sobre este asunto.

Fue en septiembre de 2014 cuando cinco magistrados de la Sala deAdmisión, entre ellos el hoy presidente de la Sala Penal y del juicio del «procés», Manuel Marchena, y el fallecido fiscal general del Estado José Manuel Maza, dieron luz verde a la investigación a los aforados. Lo hicieron tras un informe favorable del Ministerio Público, que avaló la competencia de este tribunal para analizar la intervención «directa o indirecta» de los expresidentes en el diseño de un fondo de 855 millones para subvencionar ERE y ayudas directas a empresas en crisis.

En el auto de admisión los magistrados recogían los argumentos empleados por la juez Alaya en la exposición razonada que remitió a Madrid, y aunque evitaron pronunciarse sobre si veían indicios de delito en la actuación de los expresidentes, ya apuntaron que los hechos, tal y como los describía la instructora, podrían ser constitutivos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los indicios contra los cinco aforados derivan de «la posición de alta y especial responsabilidad política de aquellos, dados los cargos que desempeñaban» y de su intervención «en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder», en referencia al fondo que propició las subvenciones directas y para ERE. Por tanto, «resulta imprescindible continuar la investigación» , señaló la Sala de la que el hoy magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido decidió apartarse por haberse posicionado sobre este asunto anteriormente como fiscal general.

Los pasos que a lo largo de los meses siguientes fue dando en la investigación el magistrado instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, fueron fundamentales para apuntalar los indicios de prevaricación y malversación contra los aforados , que se tradujeron en la tramitación del preceptivo suplicatorio, necesario para continuar el procedimiento contra ellos. Hacía unos días que Griñán había renunciado a su escaño en el Senado pero Jorge Barreiro consideró que como presunto coautor, su caso no podía escindir de los otros tres imputados , por lo que «debe ser enjuiciado conjuntamente» con ellos.

Tras analizar de forma pormenorizada el sistema establecido durante diez años para conceder ayudas socio laborales a empresas y particulares por parte de la Junta, el juez ya relató entonces cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.

El instructor recogió las 22 modificaciones presupuestarias que resultaban relevantes para configurar el delito de prevaricación. «Se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del Consejo de Gobierno , poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado», dijo el magistrado. Incluso llegó hacerse eco de las palabras del interventor general, que en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía señaló que los imputados «cebaron sin descanso la partida de los ERE».

El paso de los aforados por el Supremo no dejaría más que un reparto de culpas hacia los subordinados. Ni Chaves ni Griñán asumieron responsabilidad alguna en el desfalco de las ayudas. El primero dijo ante el instructor que «jamás» había adoptado en el Consejo de Gobierno una decisión ilegal. El segundo, consejero de Economía antes de presidente, aseguró desconocer los informes de la Intervención General de la Junta que alertaban de las irregularidades en la concesión de las ayudas porque «no le fueron remitidos».

Sí resultaron fundamentales estas advertencias para el instructor , que las consideró un elemento fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido.