Los ERE y Gürtel, las dos tramas de corrupción que castigaron al bipartidismo

El fallo de los ERE define la esencia del caso en los primeros párrafos. «Con la finalidad de dar respuesta a las situaciones de crisis económicas de empresas con centros de actividad en Andalucía, el Gobierno de la Junta articuló en la década de los 90 y ejercicio 2000 un sistema de ayudas para financiar con fondos públicos las primas derivadas de la contratación de pólizas de rentas para trabajadores». Ese sistema de ayudas, dejan claro los jueces, quedó bajo «una absoluta falta de control», el objetivo buscado por sus artífices. No existía ni fiscalización previa ni control financiero posterior, sin exigir «la más mínima acreditación de una situación que legitime la percepción de la supuesta ayuda». En diez años no se fiscalizó ni uno solo de los expedientes de ayudas sociolaborales irregulares .

El mecanismo, vigente entre 2000 y 2009 , «permitía el enriquecimiento de empresas, a través del ahorro de gastos, y de terceros, ajeno a cualquier interés social o público debidamente acreditado», con el consiguiente agujero en las arcas de la Junta, concluye el fallo de la Audiencia de Sevilla.

La sentencia de Gürtel , por otro lado, consideró probado «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública en Administraciones gobernadas por el Partido Popular durante al menos una década». La trama dirigida por Francisco Correa aprovechó sus lazos con antiguos altos cargos del PP para conseguir un «arbitrario trato de favor» hacia sus empresas, a cambio de sobornos. La Audiencia Nacional dio además por acreditado que el partido manejó una contabilidad opaca desde 1989, y le condenó por lucrarse de la trama sin participar en los delitos, como partícipe a título lucrativo, al ahorrarse el dinero de gastos electorales pagados por la Gürtel.

El PP ha recurrido al Tribunal Supremo y ha insistido en que las referencias a la caja B sean anuladas, al no ser parte del juicio, sino el objeto de otro proceso sin juzgar aún, lo que habría vulnerado su derecho de defensa.

El fallo condenó a 29 acusados de la estructura central de la trama por vulnerar todas las normas administrativas para enriquecerse ilegalmente con actuaciones prevaricadoras «de cuantas maneras son imaginables»: inflado de precios, facturas falsas, sobornos, elaboración directa de pliegos, etcétera. Los acusados, entre ellos el extesorero del PP Luis Bárcenas , blanquearon sus ganancias ilícitas en el extranjero, algunos en Suiza.

El fallo considera probado que José Antonio Griñán –consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009, y presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013– era consciente del uso irregular de las transferencias de financiación para pagar los ERE. Durante siete de estos nueve años el presidente del Gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero ; y Susana Díaz, consejera de Presidencia desde 2012, año en el que aterrizó en la Junta desde la secretaría de Organización del PSOE andaluz, de la mano de Griñán.

Los jueces responsabilizan a Griñán de la toma de las decisiones que permitieron que se estableciera un mecanismo al margen de la ley y de los controles para repartir los fondos desviados. De igual forma, Manuel Chaves presidía el Consejo de Gobierno cuando se empezaron a articular las primeras ayudas a finales de los años noventa y en el 2000, cuando el responsable nacional del partido era Joaquín Almunia . Los jueces subrayan que «la decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del gobierno en su conjunto». «Resulta lógico que cualquier variación en el sistema de concesión de estas ayudas, habida cuenta de que afectaba a más de una consejería, tuviera que pasar por la decisión final de su superior jerárquico, es decir, el presidente de la Junta de Andalucía», señala la sentencia. Chaves y Griñán fueron, además, presidentes consecutivos del PSOE nacional, entre 2000 y 2012; y 2012 y 2014, respectivamente.

Rajoy era secretario general del PP durante un año del caso Gürtel, en concreto, de 2003 a 2004, el último de la segunda legislatura de José María Aznar. Ese mismo año daría el relevo a Aznar en la Presidencia del partido, donde este se mantuvo desde 1990 hasta 2004. Sin ser nunca procesado ni imputado por la financiación ilegal del PP, los polémicos párrafos del juez José Ricardo de Prada motivaron la moción de censura que le echó de la presidencia del Gobierno. Al dar por probada la caja B, la Audiencia cuestionó la credibilidad de Rajoy como testigo en el juicio. Los jueces señalaron que el expresidente rechazó su existencia para evitar el «reproche social». Durante la época juzgada de Gürtel, que afectó a tres municipios de Madrid, la presidenta era Esperanza Aguirre, relevada por Cristina Cifuentes, presidenta regional cuando se dictó el fallo, en 2018.

El desvío de fondos para las ayudas de los ERE por el mecanismo fraudulento ascendió a 680 millones . El perjuicio económico en el caso Gürtel se cifró en unos 20 millones de euros por las licitaciones corrompidas. El rastro del dinero que se embolsaron los condenados salió fuera de España, como en el caso de Bárcenas , que llegó a acumular 42 millones de euros opacos en Suiza.

Aunque una causa golpea al gobierno y partido socialista en Andalucía , y la otra al corazón de una formación política, ambas han sido macrocausas con piezas separadas pendientes de juzgar. Desde que estalló el caso Gürtel hasta la sentencia pasaron nueve años; en los ERE se han necesitado ocho. Las sentencias ocupan, respectivamente, 1.687 y 1.821 páginas . La sentencia de los ERE condena por dos delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos. En Gürtel, los magistrados apreciaron asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho, falsedad de documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias y apropiación indebida. En Gürtel hay 29 condenados a un total de 351 años; en los ERE, 19 condenados con una suma de 68 años. Las sentencias, en ambos casos, no son firmes y el Supremo tendrá la última palabra.