El Supremo ha archivado ya 29 querellas contra líderes de Podemos

¿Hay realmente una cruzada del Alto Tribunal contra Unidas Podemos? Los datos hablan por sí solos. Desde el nacimiento del partido en 2014 hasta hoy el Tribunal Supremo ha archivado 29 querellas contra dirigentes de la formación morada , dos de ellas esta misma semana. Blanqueo de capitales, delitos electorales, malversación, injurias, falsedad, desobediencia... El rosario de imputaciones es muy variado, como también lo son los querellantes: desde Manos Limpias hasta Vox, pasando por asociaciones y colectivos variopintos e incluso personajes como el polémico Emilio Rodríguez Menéndez o el propio comisario Villarejo.

De esas querellas, 23 iban dirigidas contra Pablo Iglesias, muchas por la gestión del Covid , pero también contra Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique.

Pese a que las cifras desmienten la persecución del Supremo a Podemos, sus dirigentes, y la sombra alargada de los que, como Iglesias, ya no están en el partido, pretenden laminar la credibilidad del Poder Judicial , resorte contra los excesos de la clase política, de la misma forma que lo viene haciendo Bildu en el Congreso cuando, por boca de su portavoz, Jon Irratu, alude desde la tribuna a las «togas franquistas».

Y es que desde los tiempos del ministro Mariano Fernández Bermejo se viene percibiendo, además, cierta obsesión en la izquierda con vincular la carrera judicial a un conservadurismo reaccionario , cuando se afirma que sólo los «ricos» y los hijos de jueces pueden acceder a ella. Las estadísticas no apuntan en esa dirección: tres de cada cuatro alumnos de la escuela judicial no solo no tienen un progenitor togado, sino que ni siquiera tiene relación con el mundo judicial ni jurídico; y uno de cada tres futuros jueces proviene de familias en las que ni el padre ni la madre tienen estudios superiores, según se desprende del análisis de las 23 últimas promociones de jueces del que ya se hizo eco ABC.

Esta vez la izquierda ha encontrado la excusa perfecta para volver a atacar al Supremo en la condena de Alberto Rodríguez y la ejecución de una inhabilitación que se ha traducido en la pérdida de su escaño. La decisión ha protagonizado uno de los mayores ataques al Alto Tribunal desde que gobierna Pedro Sánchez. Y, además, desde el seno del propio Ejecutivo. «El Supremo presiona a la Presidencia (a Meritxell Batet) para retirárselo (el escaño) aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación», tuiteó la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

La reacción del Consejo General del Poder Judicial no se hizo esperar, y en un comunicado tan duro como atípico en democracia, el órgano de gobierno de los jueces mostró «un absoluto y rotundo rechazo» a las palabras de Belarra, una condena «si cabe con mayor intensidad y rotundidad que en otras ocasiones, especialmente porque más allá de generar una sospecha inaceptable respecto del proceder del más alto tribunal de la Nación llegan a atribuir la comisión de un delito a sus magistrados, afirmación que excede absolutamente los límites del derecho a la libertad de expresión, máxime cuando quien realiza esas manifestaciones es un miembro del Poder Ejecutivo, lo que sitúa las relaciones entre dos poderes del Estado en un plano completamente indeseable», sostiene el acuerdo de la Comisión Permanente.

Tras reafirmar que la actuación del Poder Judicial «persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles», el Consejo hacía un llamamiento, «especialmente a quienes ostentan cargos de responsabilidad del máximo nivel», a que «no menoscaben la imagen de quienes día a día velan por los derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos de un Estado de Derecho, recordándoles que la primera obligación de un responsable público es no contribuir al desprestigio de las instituciones democráticas y, dentro de ellas, el Poder Judicial».

No es la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces se ve obligado a intervenir en los últimos casi dos años de Gobierno de Sánchez. Lo hizo en enero de 2020, cuando nada más estrenarse en el cargo Pablo Iglesias, afirmó que la Justicia española había resultado humillada en los tribunales europeos por su actuación en el 'procés'. Entonces en un comunicado pidió «moderación, prudencia y mesura», y recordó que los jueces persiguen el cumplimiento de la ley. «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

Apenas tres meses después el CGPJ volvía a mover ficha, esta vez con motivo de la condena de Isa Serra por atentado a la autoridad. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», apuntó Iglesias en Twitter. Los vocales le reprocharon entonces su tono «ciertamente inapropiado» y le recordaron su obligación de no contribuir «al desprestigio de las instituciones». De nuevo nadie en el Gobierno condenaba las palabras del entonces vicepresidente. Lejos de ello, sirvieron de aliento para que el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique, acusara al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de tener vínculos con el Partido Popular. «Ocho años alto cargo en gobiernos de Aznar. Habitual de bien pagados cursos en FAES. Casi 17 meses en funciones nombrando decenas de jueces afines al PP Casado, bloquea la renovación del CGPJ. Lecciones de pulcritud democrática, las justas».

Ya fuera del partido, la semana pasada Iglesias aprovechaba la condena a Rodríguez para sumarse al ataque al Supremo desde el micrófono de una emisora de radio y en presencia de la exvicepresidenta Calvo. «Lo que ha hecho el Supremo no tiene nombre (...) Nadie se cree que esa patada se produjo (...) Es una infamia absoluta, es un castigo político. Que el TS se dedique a perseguir a diputados porque son de izquierdas pone en riesgo la separación de poderes y la democracia en España ».