El CGPJ reclama «respeto» a la independencia judicial

Este aviso a navegantes, cuya discusión no figuraba en el orden del día, no se produce en un momento cualquiera, sino tras los ataques a la causa que se sigue en el juzgado de Instrucción número 42 de Madrid por delitos de malversación y administración desleal en Podemos de parte de algunos representantes del partido.

«La confianza de los ciudadanos en la independencia de jueces y magistrados es la mejor garantía para la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de todos», dice la escueta declaración que firman el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales José Antonio Ballestero, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández y Juan Martínez Moya.

En contra del pronunciamiento, que no lleva aparejada mención explícita a su destinatario, han votado los vocales Álvaro Cuesta -que ha anunciado la formulación de un voto particular-, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda, según informa el CGPJ.

Los comentarios de algunos líderes de Podemos e incluso del propio secretario general del partido y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en relación a la causa que investiga sus cuentas internas en el juzgado madrileño ha generado malestar en diversos sectores de la judicatura.

Si bien el órgano de Gobierno de los jueces sólo responde cuando el supuesto ataque al Poder Judicial viene de parte de un miembro del Ejecutivo, en este caso se ha optado por una declaración en defensa genérica de la independencia de los jueces, habida cuenta, de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, de que los comentarios de los miembros de Unidas Podemos que forman parte del Ejecutivo han sido más moderados que en ocasiones anteriores.

De hecho, el vicepresidente ya acumula dos llamadas de atención del Consejo General del Poder Judicial. La primera tuvo lugar el pasado mes de enero, cuando la Comisión Permanente aprobó una declaración institucional para reprobar las palabras de Iglesias, para quien la justicia europea había «humillado» a la española en el contexto del «procés» secesionista catalán.

La segunda se produjo pocas semanas después, cuando el órgano de Gobierno de los jueces salió al paso de las palabras de Iglesias sobre la condena de una de las portavoces de Podemos, Isa Serra, y la reacción pública que le siguió. «Me invade una enorme sensación de injusticia», publicó Iglesias en su cuenta de Twitter. «En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso», aseguró.

En ambas ocasiones el órgano de Gobierno de los jueces exigió al vicepresidente respeto a la independencia judicial y la separación de poderes. No era la primera vez. Los exministros de Justicia, Rafael Catalá; e Interior, Jorge Fernández Díaz, también recibieron en su día el reproche de la representación del Poder Judicial por sus salidas de tono en relación a la actuación de jueces en distintos ámbitos.

Ahora, la declaración es más aséptica y genérica, como menos invasivas han sido las palabras con las que esta vez, ha opinado Pablo Iglesias del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid que investiga a su partido, a una de sus personas de confianza y a los responsables de las cuentas. «Entendemos que algunos estén muy interesados en que ahora pasemos meses defendiéndonos en los medios de acusaciones sin fundamento, en vez de hablar del debate social sobre la monarquía o sobre cómo emplear los fondos europeos para la reconstrucción. No les vamos a dar ese gusto», decía en su cuenta de Twitter.

«En estos años, han sido muchas las ocasiones en las que se nos ha acusado de delitos graves. Informe PISA, montaje contra Vicky Rosell, documentos falsos sobre cuentas en paraísos fiscales... Una lista interminable. El final de todas estas acusaciones es conocido», añadía.

Fue más allá el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, cuando afirmó que el «objetivo» de esa instrucción abierta a partir de la denuncia de un exabogado de la formación «no es judicial, sino la difamación mediática». No obstante, fuentes del Consejo inciden en que hay una línea clara entre la portavocía parlamentaria y las funciones de Gobierno y por eso, el comunicado es una defensa abierta de la independencia judicial, aunque tres magistrados hayan decidido votar en contra.