El senador díscolo del PP, dispuesto a acudir a los tribunales

Así se ha expresado Morano en declaraciones a Efe después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal , haya anunciado que el partido le abrirá un expediente por respaldar, la pasada semana en el pleno del Senado, las enmiendas presupuestarias de la oposición favorables al mantenimiento de las ayudas al carbón.

Morano ha precisado que todavía no tiene ninguna notificación oficial del expediente, aunque sí ha recibido la multa por votar contra el criterio de su partido , de 1.950 euros, castigos que le parecen «ignominiosos» porque, según ha recalcado, no ha hecho «nada que sea sancionable».

Ha avanzado que recurrirá ambas decisiones por vía interna, si bien estudiará el caso «en profundidad» para defenderse en los tribunales si es preciso. El parlamentario popular ha hecho hincapié en que no le preocupa lo que puedan suponer las penalizaciones porque votó «en conciencia» en defensa de su tierra y ha incidido en que cuando se toma una determinación de esas características no se piensa en las consecuencias puesto que es «un problema de escala de valores».

«Creo en lo que he hecho y se acabó la presente historia», ha apostillado Morano, quien ha reiterado que es un «demócrata absoluto y convencido» y que no cree que haya hecho nada «ilícito» ni «ilegal». Morano ha insistido en que la Constitución ampara la libertad de expresión, pensamiento y manifestación y en que no se puede limitar «de ninguna manera» lo que la Carta Magna permite.

El parlamentario leonés se ha mostrado partidario de que se abra un debate sobre la disciplina de voto y ha asegurado que no acaba de entender que se trate de «imponer el pensamiento y la voluntad» en un sistema democrático. «En cualquier lado que estés, ¿podrás defender los intereses de tu tierra? Y además no los defiendes contra nadie. Qué pasa, ¿que el Gobierno no se puede equivocar? Pero qué lío es este», se ha preguntado el senador.

El pasado miércoles Morano votó a favor de las enmiendas de la oposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mantener las ayudas al carbón, reducidas en más de un sesenta por ciento, a pesar de que el día anterior, por un «lapsus», lo hiciera en sentido contrario.