Sánchez presionó a la Casa del Rey como cesión ante ERC

En una respuesta escrita fechada el pasado 13 de abril y recogida en el archivo del Congreso, el Gobierno defendió ante el portavoz republicano, Gabriel Rufián , que no correspondía al Poder Ejecutivo intervenir en este caso. «Los privilegios e inmunidades de los que gozan los representantes de las instituciones del Estado se encuentran definidos en la Constitución Española, y, en caso de duda, corresponde a los jueces y tribunales definir su alcance», subrayó respecto a Don Juan Carlos la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

En la misma misiva, Moncloa también descarta comentar la investigación abierta sobre los presuntos negocios del padre del Rey . «El Gobierno no emite opiniones relativas a decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía, por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio esencial en todo Estado democrático de Derecho». Añadía, por tanto, que su labor sería la de continuar «colaborando con las autoridades judiciales cuando éstas lo requieran en las investigaciones ya iniciadas, tanto por ellas como por la Fiscalía». La respuesta escrita saluda, además, la actuación de Felipe VI hasta ese momento: la renuncia a su herencia y la retirada de la asignación a su padre. «Es una decisión respetable y contundente, que supone una declaración de confianza en las instituciones» , encomiaba.

Las presiones de ERC al Gobierno continuaron al mismo tiempo que la relación entre ambos se iba resquebrajando por las prórrogas del estado de alarma y el desarrollo de negociaciones con Ciudadanos. Pero en otra respuesta escrita fechada el 4 de mayo, el Gobierno volvió a responder a los republicanos con los mismos argumentos que en abril. ERC elevaba la presión y reclamaba que Congreso o Senado pudieran abrir una comisión de investigación sobre los presuntos negocios del Rey, instaba al Gobierno a abrir también algún otro tipo de investigación al respecto y a pedir a la Fiscalía que también lo hiciera. Pedía, además, que se iniciaran reformas legislativas para acabar con la inviolabilidad del Rey.

Poco más de dos meses aguantó Moncloa este nivel de tensión con sus socios. Pese a haber sostenido que el Gobierno no comenta acciones judiciales por respeto a los más elementales principios democráticos, el propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, calificó de «inquietantes y perturbadoras» las noticias sobre la investigación a Don Juan Carlos el 8 de julio .

Y aunque había asegurado que solo un juez podría retirar «privilegios» a Don Juan Carlos —el único que le quedaba tras haber perdido su asignación era residir en el Palacio de La Zarzuela—, el 14 de julio la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero , reclamó a Felipe VI que adoptara nuevas medidas contra su padre. Entre esos mismos días, el 9 de julio, tanto Sánchez como la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aceptaban otra de las exigencias de ERC y mostraban su disposición a reformar la inviolabilidad.

Pese a esta cesiones, los republicanos no han cesado su acosor sino al contrario: lo han redoblado desde que Don Juan Carlos salió de España. Incluso han disparado contra Sánchez y Calvo pidiendo su comparecencia en el Congreso para que expliquen los pormenores de esta marcha. Una iniciativa que los socialistas lograron repeler gracias a los populares. ERC tiene aún una larga lista de peticiones sobre la Casa del Rey. Entre ellas, que el CIS pregunte a los españoles sobre la Monarquía, se despenalicen las injurias a la Corona o se someta a ésta a mecanismos de control.