La relación de la trama con un órgano de la Generalitat cerca a Montilla

Poca cosa para atajar un escándalo que va adquiriendo volumen, empujado por un auto-cebado de nombres y datos de lo que sería una trama corrupta de mayor alcance de lo que en un primer momento se vislumbró. En este sentido, Pretoria coge volumen y, lo que es más grave para el PSC, escalando escalas administrativas; aunque los imputados son nueve -cinco de los cuales duermen ya en prisión-, el listado de nombres citados en el auto es mucho más extenso, el esbozo de lo que sería un escándalo mayúsculo.

De un caso localizado en el ámbito municipal, con su núcleo limitado a Santa Coloma, se pasa a un escándalo en forma de malla, con ramificaciones a otros municipios catalanes, el principal de los cuales Badalona, donde se cuestiona la transparencia de una importante operación urbanística en su frente litoral. Políticamente más grave que eso, Pretoria sube de nivel administrativo al verse salpicado, aunque no como imputado, Emili Mas, gerente del organismo de la Generalitat que ordena el urbanismo en esta comunidad, el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Contactos con «Luigi»

Según el auto del Juez Baltasar Garzón, Emili Mas habría participado en conversaciones con el alcalde Bartomeu Muñoz y Luis García «Luigi», unos contactos que habrían derivado en la elaboración de facturas falsas para desviar 1,3 millones de fondos de la Unión Europea. En concreto, Garzón cita a Mas para indicar que participó en una serie de conversaciones, se entiende que telefónicas, junto con García, Muñoz, además del concejal y presidente de Gramepark, Manuel Dobarco -encarcelado- y el director de Servicios municipales, Pascual Vela, donde se urdió el maquillaje contable para tal desvío.

El juez subraya que, según se desprende de los contactos entre Luis García, el alcalde, sus colaboradores y el gerente del Incasòl, el consistorio de Santa Coloma modificó supuestamente el destino de los fondos de cohesión de la Unión Europea o empleó una suma menor a la declarada al realizar pagos relacionados con unas expropiaciones en Santa Coloma, en las calles de Sardana y de Sant Pascual, cuya gestión correspondía a Gramepark. En este sentido, se trata de proyectos relacionados con la Ley de Barrios, uno de los proyectos estrella del gobierno catalán encaminado a la rehabilitación integral de núcleos urbanos degradados en la comunidad.

En un comunicado emitido el pasado sábado, el Incasòl recuerda que de la «estricta lectura» del auto «no se desprende ninguna acusación» hacia su gerente Emili Mas, pese a lo cual se ha ordenado «la revisión de las gestiones que se hubiesen realizado desde este entidad en relación con el Ayuntamiento de Santa Coloma».

Agujero en Badalona

Otra derivada de la Operación Pretoria se traza con alarmante nitidez hasta Badalona, municipio colindante con Santa Coloma, y como éste, feudo histórico del PSC. En los tres municipios se describen procedimientos similares, aunque sólo en Santa Coloma se ha imputado a responsables políticos. Garzón señala que en Badalona, donde se somete a escrutinio la revalorización y venta de un solar junto al puerto deportivo, y el subsiguiente cobro de comisiones, Luis García «Luigi» tenía como enlace al consejero delegado de Marina de Badalona, Juan Felipe Ruiz. Marina de Badalona SA está presidida por el alcalde socialista Jordi Serra, y es una sociedad mercantil participada al 50% por el Ayuntamiento de Badalona y por el Consejo Comarcal del Barcelonés, entidad esta última de la cual fue gerente Emili Mas, luego al frente del Incasòl.

Tres años de Montilla

Según el auto, el perjuicio de la operación para el Ayuntamiento de Badalona pudo alcanzar los 14 millones de euros, en una operación que se llevó a cabo entre los años 2002 y 2004 y en la que participó la empresa Espais, del también imputado Lluís Casamitjana.

Tras aparecer citado el nombre de Juan Felipe Ruiz, tanto el alcalde Jordi Serra como el Consejo Comarcal pidieron que renuncie a sus atribuciones especiales como consejero delegado, que le otorgan plenos poderes, mientras no se aclare el caso. El alcalde también consideró «imprescindible» que Marina Badalona no lleve a cabo ninguna actividad económica y patrimonial hasta que la Audiencia Nacional finalice la instrucción del caso.

Con los datos ya prácticamente probados, y el resto que sólo ahora empieza a intruirse, la presión sobre José Montilla -primer secretario del PSC- empieza a hacerse asfixiante. Este fin de semana ha permanecido mudo. Para hoy se espera que tras la ejecutiva de su partido comparezca para dar la cara. Cuando ayer se cumplían tres años justos de su victoria en las últimas autonómicas, Pretoria ha abierto una vía de agua muy seria en las expectativas electorales del PSC.