El presidente de Aragón, Javier Lambán, se ha reunido con alcaldes de pueblos por los que pasa la N-232 en 2017 - EFE | Vídeo: Se promulga la ley de «Actualización de los derechos históricos de Aragón»

El PSOE vuelve a perderse en su laberinto territorial

Los de Rivera instan al PP a que se una a ellos para poder presentar el recurso de insconstitucionalidad si no lo hace el Gobierno de España. Cs exige recurrir al TC la ley nacionalista de Lambán, que ahora invoca a España

ZaragozaActualizado:

Ciudadanos está decidido a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la polémica Ley de Actualización de los Derechos Históricos de Aragón, que se refiere a esta región como «país», en cuyo preámbulo se reivindica su «hecho nacional» y en cuyo articulado se advierte que los «derechos históricos de Aragón» son «anteriores a la Constitución». La misma ley define a esta región como un «espacio jurídico, político y cultural propios», y proclama el valor jurídico de la «voluntad» del «pueblo aragonés» como sujeto político.

La líder regional de Cs, Susana Gaspar, aseguró ayer a ABC que los servicios jurídicos de su partido, tanto en Aragón como en el Congreso, «están trabajando ya en las distintas alternativas para plantear el recurso de inconstitucionalidad». «El problema es que ha de ser promovido por un mínimo de 50 diputados, y Cs no tenemos esos escaños, por lo que esperamos que otros se sumen». Gaspar pidió expresamente al PP que se sume a ellos para presentar el recurso. «Es una ley que se salta la Constitución y el Estatuto de Autonomía, que no mejora la vida de los aragoneses ni la convivencia, pero sí es el primer paso para reclamar el derecho de autodeterminación».

En el PP dicen estar abiertos a considerar la vía planteada por Cs, aunque no hay nada definitivo de momento. Los populares creen que es el Gobierno de España el que debería promover ese recurso de inconstitucionalidad, aunque reconocen que es difícil que se produzca, «dadas las relaciones entre Pedro Sánchez y los nacionalistas».

Como en Cs, en el PP consideran «evidente» que esta ley aragonesa, «promovida por el nacionalismo», modifica de forma improcedente el Estatuto de Autonomía, «es contraria a la Constitución e incluso al Derecho Comunitario, e invade competencias estatales», según ha indicado la secretaria general del PP aragonés, Mar Vaquero. Por eso -dice- debería recurrirla el Gobierno de España, «más aún ante el informe jurídico que sobre esta ley emitió en su día la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, que apuntaba a la inconstitucionalidad de ese texto».

El PSOE, sin embargo, entiende justo lo contrario. Su portavoz en las Cortes de Aragón, Javier Sada, sostiene que aquel informe estatal, emitido cuando Rajoy todavía estaba al frente del Ejecutivo, «no puso ningún reparo de calibre contra esta ley, ni mucho menos en cuestiones relativas a la unidad de España». Tras el revuelo que ha desencadenado la promulgación de esta ley, el PSOE aragonés se ha apresurado a manifestar públicamente su «compromiso absoluto con la unidad y la construcción de España». Defiende que el texto «está dentro de la Constitución».

El propio presidente de Aragón y líder regional de los socialistas, Javier Lambán, también salió al paso de la polémica a través de su cuenta en Twitter. De entrada, trató de distanciarse de esta ley al afirmar que ni ha sido promovida por su Ejecutivo autonómico ni por su partido: fue iniciativa de los nacionalistas de la Chunta, sus socios de Gobierno, y acabó saliendo adelante con los votos y enmiendas del PSOE, junto a Podemos, IU y los regionalistas del PAR, que son socios del PP.

Lambán, que ayer coincidió con el Rey en la Academia General Militar, apeló por Twitter a «la unidad de España» para contrarrestar la polémica por esta ley de marcado corte nacionalista. Dice Lambán que el PSOE aragonés la aprobó «porque trata de afianzar el espacio político y jurídico de Aragón, con respeto absoluto a la Constitución, al Estatuto y a la unidad de España, que es el bien político superior». Pero, mientras el PSOE sostiene que la polémica ley no tiene «consecuencias jurídicas prácticas» en clave soberanista, la Chunta sí la presenta como un logro. Este partido, que ocupa solo dos de los 67 escaños de las Cortes regionales, subraya que esta ley es «un hito histórico porque avanza en el reconocimiento de los derechos, la identidad y la capacidad de decisión del pueblo aragonés».

«Originalidad primigenia»

El Gobierno valenciano y el PSPV-PSOE declinaron ayer emitir su postura oficial respecto a la norma aprobada en Aragón con el argumento de que «no entran a valorar decisiones de otros Ejecutivos». Con todo, las posiciones en materia identitaria de los socialistas valencianos dieron un giro nacionalista tras el último congreso en el que resultó reelegido como secretario general Ximo Puig, a la sazón presidente de la Generalitat.

Bajo el lema de «La vía valenciana», la ponencia marco con la que el PSPV-PSOE trata de competir por el electorado de sus socios nacionalistas de Compromís puso negro sobre blanco que «el País Valenciano es un sujeto político. Un sujeto complejo, al que su originalidad institucional primigenia fue borrada por el justo derecho de conquista».

Al respecto, establece su aspiración de que el «País Valenciano, su ciudadanía, sea reconocido como un actor político singular, solidario y corresponsable con otros, pero autónomo en su capacidad para decidir sobre aquello que le concierne».

El partido de Ximo Puig apuesta también por «federalizar España como única vía para garantizar en el tiempo su propia pervivencia», informa Alberto Caparrós.

Silencio en Cataluña

En Cataluña, sin embargo, el PSC decidió ayer mantener el silencio y no pronunciarse sobre la propuesta de Aragón. Los socialistas catalanes son partidarios de una reforma federal de la Constitución que reconozca «la singularidad» de Cataluña.

El partido que ahora lidera Miquel Iceta ha oscilado, desde 2012, año en el que bajo la dirección de Pere Navarro la formación se alineó con «el derecho a decidir» y llegó a plantear una abstención sistemática en todas las votaciones en el Parlamento relacionadas con el «procés».

El castigo electoral, atribuido a esta posición política abstencionista, llevó al PSC a regresar al marco de la Constitución poco después; aunque sin descartar aún hoy propuestas no consensuadas con el PSOE, como, por ejemplo, la llamada vía canadiense para la celebración de un referéndum independentista solo en Cataluña en caso de que en la comunidad no se validase una propuesta de reforma federal de la Constitución.

«No es una nación»

Preguntado por el tema, el portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando, aseguró que su región «no es una nación» y que en el Gobierno regional se encuentran cómodos con el actual planteamiento de las comunidades autónomas. En relación con la deriva nacionalista emprendida por las Cortes de Aragón, con el voto afirmativo del Partido Socoalista, Hernando añadió que no hay que perd erse en «juegos de banderas», informa J. A. Pérez.

«Andalucía»

El consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, puso pie en pared ayer y señaló que el nacionalismo es una postura «xenófoba, supremacista y excluyente» que «ningún político de izquierdas puede apoyar» porque representa «lo contrario a la política de izquierdas», aunque ha aclarado que esto es una «postura personal». Arellano avaló las iniciativas del Gobierno de Sánchez hacia cataluña, en aras de la «distensión», pero quiso dejar un «comentario personal»: no se debe «reconocer ni por un minuto el más mínimo atisbo de superioridad» por parte de las posturas nacionalistas «como se ha denunciado».

«Son posturas xenófobas, supremacistas y excluyentes», indicó. También quiso señalar que la cuestión nacionalista relacionada «tiene un profundo origen económico»: «a pesar del relato que se quiere construir» el conflicto catalán viene de la «irresponsabilidad en el gasto y en la forma de comportarse de los gobiernos neoliberales de Cataluña», en concreto, el de Convergència i Unió porque, según dijo, «en determinados años subieron el gasto público un diez por ciento anual», informa EP.

El PSOE le resta importancia

La estrategia del Partido Socialista pasó ayer por restar importancia a la inciativa aprobada en las Cortes de Aragón y por restarle todo componente de coqueteo con el nacinalismo «No es ninguna deriva» nacionalista, señalaron a ABC fuentes del partido que dirige Pedro Sánchez. «El compromiso del PSOE con la Constitución y la integridad territorial ha quedado acreditado con hechos. Y el compromiso de una persona como Javier Lambán no está en duda. Defiende el papel de Aragón dentro de España», aseguraron desde Ferraz.