El PSOE coquetea con el nacionalismo y avala recortar competencias al Tribunal Constitucional

No hubiera sido posible sin el apoyo del PSOE que se unió a Podemos, ERC, PNV y PDeCAT (la antigua Convergència) para dar luz verde a la tramitación de la Proposición de Ley del PNV que pide la derogación de las dos reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2015 . La primera para otorgar esa potestad de inhabilitación a este órgano. El PNV propone sustituir esta facultad por la imposición de multas mínimas «de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal». Actualmente, la legislación ya prevé la imposición de multas por parte del TC pero para situaciones de menor gravedad y con cuantías muy superiores, que parten de un mínimo de 3.000 euros y pueden llegar a alcanzar los 30.000 euros.

La segunda reforma que el PNV pretende derogar es la introducción del recurso previo de inconstitucionalidad en la reforma de los estatutos de autonomía. Este cambio nació de un pacto entre PP y PSOE por lo que, aunque su revocación empieza a tramitarse, no concluirá con éxito porque los socialistas ya han anunciado que más adelante le retirarán su apoyo. El texto aprobado ayer será objeto ahora de una ponencia donde los grupos propondrán enmiendas y de su negociado surgirá una nueva redacción que será debatida y votada de nuevo en el Pleno del Congreso, antes de continuar su tramitación en el Senado.

La iniciativa del PNV, que admite la posibilidad de imponer multas a los cargos públicos que no atiendan los requerimientos del TC, fue defendida por Mikel Legarda, quien denunció que se ha convertido al Constitucional en una tercera cámara legislativa; en un «árbitro del desacuerdo político». Legarda denunció que con la reforma del 2015 el TC quedó «atado» a las estrategias del Ejecutivo en un «caso de libro» que muestra la instrumentalización del órgano jurisdiccional dejándolo sin espacio y «condenándolo a su práctica inhabilitación».

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, fue el encargado de defender en el Pleno la reforma que su partido introdujo en 2015 en la ley del Tribunal Constitucional para dar «fuerza» a la institución frente al desafío separatista , cuyo contenido pretende derogar la oposición, y acusó al PSOE de dar «bandazos». El socialista Gergorio Cámara replicó que el PSOE no va en contra del PP sino que buscan recuperar el equilibrio que el partido de Mariano Rajoy «rompió con la mayoría absoluta» cuando quiso exhibir fuerza atribuyendo al Constitucional responsabilidades que no le son propias.

Horas antes del Pleno, y para tranquilizar los ánimos del PP, el portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, avanzó que su grupo buscará que esta reforma se apruebe con el consenso más amplio posible y aseguró que procurará buscar el acuerdo con el PP . Abría así la puerta a intentar encontrar un resultado final que no desagrade al Gobierno, aunque no quiso concretar si apoyará o no la reforma en el caso de que el Ejecutivo no la apoye. Previamente, altos cargos del Gobierno y del PP habían pedido en tromba al PSOE de manera pública -y también privada- que reflexionara y no apoyará la iniciativa vasca.

Desde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hasta el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, pasando por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, o el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, enviaron a los socialistas el mensaje de que las políticas sectoriales populares pueden tocarse, pero no ninguna disposición del Gobierno que tenga que ver con Cataluña. «Es un error». Mientras, el expresidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero , y el presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, defendían que se abriera el debate sobre las atribuciones del TC.

La presión de los populares hizo que los socialistas bajaran el tono pero será difícil que viren su posición una vez que la iniciativa ya ha echado a andar. Y los populares, con una mayoría parlamentaria tan amplia en contra, son conscientes de que, les guste o no, no tienen más remedio que participar en la tramitación del nuevo texto y negociar para intentar que se desvíe del actual lo menos posible. Cuentan para ello con el apoyo de Ciudadanos que también votó ayer en contra de esta iniciativa y que puede ser un elemento adicional de presión para los socialistas. Pero tienen en su contra a los propios magistrados del TC más cercanos al PSOE, que en privado rechazan esa potestad de inhabilitación , y la presión que Podemos ejerce sobre los socialistas también en el discurso territorial.

Fuera de la estrategia de dilatar al máximo la tramitación parlamentaria en el Congreso, los populares no tienen otras armas para plantar cara a esta derogación. Su mayor esperanza ahora es que el Grupo Socialista recapacite y posponga su apoyo a una reforma que, advierten, deja al TC sin poder para hacer cumplir sus sentencias en el momento de mayor crisis territorial.