Procesar, retirar la acusación o pedir diligencias: vence el plazo para que la juez decida sobre Martín Villa

Sobre la mesa, tres posibles actuaciones: procesarle por todos o parte de los crímenes que le imputan los impulsores de la llamada querella argentina; archivar las actuaciones sólo en lo que respecta a Martín Villa o cerrar la causa en general; y pedir más diligencias, el escenario que sería, según las fuentes consultadas, menos razonable.

Y lo es, porque la imputación de Martín Villa viene ya desde 2014, cuando Servini dictó una orden internacional de detención que fue corregida por las instancias superiores. Durante todo este tiempo y aunque la justicia española está de su parte, el político le ha venido pidiendo prestar declaración, pero no se ha materializado hasta este mismo año. Se presume así que las diligencias que necesitase, ha tenido tiempo de practicarlas ya la juez.

A la cita, por videoconferencia desde el Consulado de Argentina en Madrid, Martín Villa llegó pertrechado de documentación y un relato que parte de una premisa sólo rebatible para los querellantes: que la Transición fue un proceso de consenso en busca de la democracia durante el que difícilmente pudo producirse un genocidio y menos, a manos de personas como él, que formaba parte de la lista electoral refrendada por los españoles en las primeras elecciones libres después de 40 años de dictadura.

Es la posición que avalaron por escrito ante la juez los cuatro primeros presidentes de la actual democracia española, pero también los líderes que dirigieron UGT y CC.OO. hasta finales de los noventa, los mismos disidentes a los que según los querellantes, Martín Villa quería reprimir a golpe de muertes sumarias perpetradas por fuerzas policiales y grupos de extrema derecha para frenar la consolidación de un sistema representativo en España.

Hay además otro ingrediente en su favor y es que al menos uno de los crímenes que se le imputan, la masacre de Vitoria en marzo de 1976, se cometió cuando él no tenía aún las riendas del Ministerio del Interior, por lo que al menos esta imputación, podría quedar sobreseída.

Asimismo, los querellantes le responsabilizan de seis muertes causadas por disparos de policías, de guardias civiles y ultraderechistas entre julio de 1976 y mayo de 1977, varias de ellas en una Semana Proamnistía para pedir la excarcelación de miembros de ETA.

En 2019 la querella se amplió con una acusación por la muerte de una persona por disparos policiales en Pamplona en julio de 1978, cuando había transcurrido un año de las elecciones democráticas y estaba a punto de aprobarse la Constitución.

« Ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa. Pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar (...) que en la Transición española hubo delitos de genocidio», expuso Martín Villa sobre el tema ante la juez.

Servini tiene ahora que decidir qué hacer y si bien el plazo estipulado es de diez días, tanto los querellantes como la defensa del político español dan por sentado que se incumplirá.

Si opta por procesarle, no le llegará a extraditar para juicio. España da por prescritos aquellos delitos o los considera amnistiados por la ley de 1977 sobre crímenes políticos. Niega así la competencia de la justicia argentina para entender de estos asuntos, siendo además esta una democracia plena y con separación de poderes, es decir, teniendo capacidad propia para investigar.

Para los querellantes, esa ley de Amnistía es un borrón y cuenta nueva que no ofrece ni verdad, ni justicia ni reparación a las víctimas del franquismo. Por eso recurrieron a la justicia argentina: sus reclamaciones en territorio nacional nunca prosperaban.