El PP se querella contra Torra por usurpación mientras Pedro Sánchez se reúne con él

La querella del PP se presentó la víspera de la reunión de Pedro Sánchez con Torra en Barcelon a, un encuentro que, según Pablo Casado, cuestiona la «seguridad jurídica» en España. El líder del PP exigió ayer «formalmente» al presidente del Gobierno que cancelara la reunión, y evitara así el mensaje «perverso» que está transmitiendo a los ciudadanos, en el sentido de que no es necesario cumplir con las obligaciones legales fijadas. A su juicio, el encuentro de Sánchez con un político inhabilitado empaña la imagen de España.

En el texto de la querella, de 18 folios, el PP reconoce que la situación es paradójica, ya que los hechos denunciados se refieren a las funciones de alguien que ha perdido el cargo que tenía, y por tanto su aforamiento ante el Tribunal al que se dirigen los populares. Pero el PP entiende que este Tribunal Superior sigue siendo competente en tanto no se produzca «formalmente el cese en el cargo, que el querellado se niega a aceptar».

El PP recuerda que el TSJC condenó a Torra el 19 de diciembre por desobediencia, al negarse a retirar del Palacio de la Generalitat un cartel a favor de los independentistas presos, en las elecciones del 28 de abril.

El pasado 3 de enero, la Junta Electoral Central declaró que concurría en Torra la « inelegibilidad sobrevenida », como establece la ley electoral, tras haber sido condenado, y dejó sin efecto su credencial de diputado electo en el Parlamento de Cataluña. Una semana después, el Tribunal Supremo rechazó suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central.

El 27 de enero, la Mesa del Parlamento de Cataluña acordó retirar el acta de diputado electo a Torra. En el texto de la querella, el PP subraya que «la pérdida de la condición de diputado comporta automáticamente el cese como presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en el artículo 152.1 de la Constitución Española y el artículo 67.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña ». Según el Estatuto, «el presidente o presidenta de la Generalitat es elegido por el Parlamento de entre sus miembros». En la Constitución se establece que los presidentes autonómicos son elegidos por los parlamentos correspondientes, «de entre sus miembros».

Pese a todo esto, Torra presidió el Consejo Ejecutivo del gobierno catalán del 29 de enero, en el que se acordó aprobar el proyecto de Presupuestos de 2020 . Además, continuó haciendo declaraciones como presidente, y anunció la convocatoria de elecciones. El PP considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de usurpación de funciones públicas, aunque no descarta que durante la instrucción pudieran determinarse otros.

En la querella se subraya que el cese como diputado autonómico de Torra «comporta inexorable y automáticamente la pérdida sobrevenida de las condiciones establecidas en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para ser y, por ende, continuar en el ejercicio del cargo de presidente de la Generalidad».

El escrito advierte de que «la situación provocada por el querellado produce además una grave perturbación del orden constitucional , ya que las funciones que se están ejerciendo ilegalmente son las de presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que no es un funcionario cualquiera». A juicio del PP, la continuidad en la delictiva actuación del querellado, es decir, Torra, asumiendo funciones que no le corresponden, perjudica gravemente los intereses de todos los españoles y de España como nación, y es gravemente contraria a la Constitución.

Los populares piden, además, que se adopten las «cautelas que procedan para que tan grave perturbación del orden constitucional no continúe por más tiempo, generando una falsa apariencia de legalidad en la actuación de quien de manera consciente se sitúa al margen de la Constitución».

Poco tiempo después de la presentación de la querella del PP, ayer, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobaba, con los votos en contra de los populares y Ciudadanos (Cs), y la abstención del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), que los letrados de la Cámara defiendan a Torra ante el Supremo. De hecho, lo que hizo el pleno fue ratificar una decisión de la Mesa del 14 de enero que daba luz verde a la defensa jurídica de Torra –al margen de la personal–, cuyo recurso se presentó ante el Supremo el 16 de enero, y que había sido rechazado –un día después– por el Alto Tribunal por un defecto de forma, ya que esta decisión la debe adoptar el pleno y, por lo tanto, no corresponde a la Mesa.

A partir de que el Supremo acepte al Parlamento autonómico como parte de la causa, se entrará en el fondo de la cuestión, que más allá del propio escaño de Torra, tiene como consecuencia si la pérdida del acta lleva, inevitablemente, la pérdida de la condición de presidente de la Generalitat , tal y como defienden PP y Cs.

La interpretación que hacen de las normas populares y liberales, en este caso, fue recogida en el escrito de los letrados del 16 de enero, si bien como argumento de defensa de Torra y para que este mantuviese el escaño, pues, a su parecer, «es posible» dicha interpretación y «praxis institucional».