El PP llevará a los tribunales las «filtraciones» sobre la «trama Gürtel»

La «número dos» del PP no quiso dar más detalles ni sobre el contenido de la denuncia ni sobre quién o quiénes serán los denunciados, aunque Génova apunta tanto a la Policía Judicial como al Ministerio Fiscal. Ya el pasado domingo, ante las últimas revelaciones que presuntamente implican a otros pesos pesados populares como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, hicieron público un incendiario comunicado en el que anunciaban, entre otras cosas, la petición de comparecencia de los ministros de Interior y Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Francisco Caamaño, respectivamente. Cospedal señaló que el deber de custodia «corresponde a la Policía Judicial o al Ministerio Fiscal», esto es, a Interior o a Justicia y de ahí las peticiones de comparecencia. No cabe duda de que el PP ha decidido pasar a la ofensiva por sentirse, según explicó la «número dos», «indefenso por los que deberían velar por la seguridad de los españoles» y argumentó que las «filtraciones de las actuaciones judiciales son propias de otros momentos históricos» o de otros regímenes.

«Perjudicar a un partido»

El objetivo de esas filtraciones, según el PP, es «perjudicar a un partido» o usar esas informaciones «de forma partidista» «con independencia de que luego haya personas que hayan podido cometer o no actuaciones que sean irregulares o ilegales». aunque a continuación quiso dejar a salvo el buen nombre de las FSE «la mayor parte de los cuales realiza una labor digna de consideración».

Más esquiva se mostró cuando fue interrogada sobre qué esperaba de la declaración mañana del tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el Tribunal Supremo en calidad de imputado provisional. «Que la Justicia siga su curso lo más rápido posible», rogó para hacer extensivo ese deseo a que se actúe también contra los filtradores para limpiar el buen nombre y el honor de muchos de los dirigentes populares aludidos en la trama. En este sentido, la dirección del PP entiende que la libertad de expresión de los medios que vienen publicando tanto parte del sumario como de las actuaciones policiales comienza a colisionar con otros también protegidos constitucionalmente «como el derecho al honor o al secreto de las comunicaciones», explicó Cospedal.

Claramente incómoda con la cuestión Bárcenas, admitió a preguntas de los periodistas que la declaración de mañana carece de relevancia jurídica, es decir, que no tiene por qué afectar en absoluto a los plazos que se haya marcado el juez instructor, entre ellos, la posible petición de suplicatorio. Además, la defensa del diputado Jesús Merino, quien también pidió declarar voluntariamente, ha solicitado un aplazamiento de una semana dado que el parlamentario tiene previsto un viaje a Estados Unidos relacionado con un caso que se sigue en la Audiencia Nacional.

Pajín: «conspiración universal»

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, señaló que el PP «tiene mucha cara dura» porque no duda en desprestigiar gravemente a instituciones del Estado como la judicatura, la Policía, la Fiscalía, «y ahora también los periodistas», pero «los españoles no se chupan el dedo». Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, replicó a las acusaciones del PP afirmando que son «calumniosas». «La policía lo que hace es perseguir a presuntos delincuentes y ponerles a disposición judicial, y eso vale para todos los delincuentes y también para los militantes del PP», subrayó el ministro.