El PP lleva al TC las fórmulas de acatamiento de la Constitución que Batet dio por buenas

A juicio de los populares, «numerosos» diputados soberanistas «desbordaron» el requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución previsto en distintas normas, vulnerando la propia doctrina del Tribunal, que tan sólo ha avalado expresamente el uso de la fórmula «por imperativo legal». El TC ha advertido, dicen, que otras fórmulas dejan de cumplir con los requisitos establecidos si se acompañan de «cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocado para ello».

Según ha informado este viernes el PP en una nota de prensa, el recurso de amparo, encabezado por el portavoz y la secretaria general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro e Isabel Borrego, respectivamente, incide en que son particularmente expresivas las fórmulas utilizadas por algunos diputados de ERC y de Junts per Cat que aluden a la «República catalana», a «presos políticos» y al «mandato del 1 de octubre». Estas fórmulas «son dudosamente compatibles» con la propia Constitución española que se dice acatar y en el mismo acto se rechaza.

Es significativo, además, según recogen las actas taquigráficas oficiales , que varios parlamentarios dijeron que su acatamiento era desde la lealtad al mandato del 1 de octubre, día del referéndum ilegal, lo que «choca frontalmente» con el orden constitucional, señala la nota.

El Partido Popular recuerda que el acatamiento es un acto «cargado de simbolismo» porque significa que, frente al deber general que tienen todos los españoles de someterse a la ley como regla básica de la democracia, «los cargos electos tienen un plus, un deber especial de someterse a ley y cumplirla».

Sin embargo, los citados diputados, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución para «proferir expresiones o lanzar proclamas en favor del desafío secesionista y contra la soberanía nacional, y para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido».

El PP justifica su decisión de acudir al TC en que «no puede pasar por alto y no va a permitir que se falte al respeto a la soberanía nacional y a las instituciones, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma».