Una diputada pidiendo libertad para los «presos políticos» - Ignacio Gil / Vídeo: Junqueras promete el cargo de diputado en el Congreso

El TC sentenció que las fórmulas de acatamiento deben respetar «el orden jurídico existente»

Casado pide a la Mesa que revise una a una las fórmulas de acatamiento en la constitución del Congreso

MadridActualizado:

Con la permisividad y el silencio de la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el acatamiento de la Constitución se convirtió ayer en una rueda de ocurrencias y mítines políticos en el hemiciclo, a solo cinco días de las elecciones municipales, autonómicas y europeas. Entre los diputados populistas y nacionalistas se escucharon fórmulas para todos los gustos, desde jurar o prometer «por el planeta», hasta aprovechar para pedir la libertad de los «presos políticos», reclamar «la república» o reivindicar la legalidad del «1 de octubre». Los de Vox juraron «por España» y una diputada del PP también lo hizo «por el Rey».

«¡La república no existe!», le soltó Rivera al preso Josep Rull, que acababa de lanzar un mitin para defender su propaganda separatista. Ni siquiera quedó claro si al final acató la Constitución o no. Al finalizar la sesión Pablo Casado anunció que el PP iba a registrar un escrito en el que solicita a la Mesa «que se proceda a la revisión, una a una, de todas las fórmulas utilizadas como respuesta a la pregunta realizada por la presidenta, para esclarecer si esos diputados han expresado de forma clara e inequívoca su voluntad de acatar la Constitución».

En el escrito, al que tuvo acceso ABC, el PP recuerda que ante la pregunta formulada por la presidenta:«¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?», numerosos diputados electos no han respondido mediante la expresión «Sí, juro» o «Sí, prometo», tal y como está regulado, sino que han utilizado expresiones distintas, fórmulas alternativas, frases que nada tenían que ver con la cuestión,«muy alejadas de la expresión clara e inequívoca, tal y como exige la jurisprudencia constitucional para perfeccionar la condición de diputado».

Los populares consideran que esa situación ha propiciado un espectáculo impropio de la institución que alberga la soberanía nacional del pueblo español. «Y todo con el consentimiento de quien y estaba investida como presidenta de la Cámara».

La sentencia del TC de 1991 a la que los independentistas se aferran dio la razón a tres senadores de HB que acataron «por imperativo legal». El tribunal consideró que lo esencial es que el acatamiento de la Constitución sea «incondicional y pleno» y «no entraña una prohibición de representar o perseguir ideales políticos diversos de los encarnados por la Constitución».

Sin embargo, dejó claro que ese acatamiento debe respetar «las reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente y no intentar su transformación por medios ilegales». La formulación, según el TC, no puede «desnaturalizar o vaciar de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas que supongan un fraude a la ley o lo priven de sentido».