El PP cuestiona la constitucionalidad de ocho preceptos de la ley del aborto

Estos son los preceptos de la ley que impugnarán los populares y algunos de los argumentos que utilizarán:

Artículo 5.1 e . Obliga a los poderes públicos a «garantizar la educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva». Viola el principio de neutralidad que debe imperar en el sistema educativo público al introducir un sesgo ideológico (el de la perspectiva de género). En el ámbito de las escuelas privadas, vulnera el derecho de los padres a definir, junto con el centro, la orientación moral de la educación que quieren para sus hijos.

Artículo 8 a y b. Incluye en los programas de las carreras relacionadas con la medicina la formación de los profesionales en la práctica clínica del aborto. Viola el principio de autonomía universitaria, que impide a la Administración incluir una perspectiva ideológica concreta en la formación. Además, vulnera el derecho a la objeción de conciencia de los estudiantes, obligados a saber cómo practicar un aborto para aprobar.

Artículo 12. En la práctica, supone reconocer el derecho al aborto. El precepto «garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo». Los recurrentes creen que esta declaración es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que, desde 1985, obliga al Estado a velar por la vida del no nacido «en cuanto éste encarna un valor fundamental, la vida humana, que es un bien jurídico protegido por la Constitución».

Artículo 13.4. Permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin autorización paterna. Establece que al menos uno de los progenitores deberá ser informado, aunque acto seguido elimina esta obligación si la menor alega «fundadamente» que podría provocar una situación de «violencia intrafamiliar». La vulneración de la Constitución se produce aquí, según el PP, desde dos perspectivas: porque priva a los padres del derecho y deber de ejercer la patria potestad y, al mismo tiempo, priva a las jóvenes de recibir el asesoramiento, ayuda y protección de sus progenitores.

Artículo 14. Convierte la norma en una ley de plazos (vedada por el TC) pues permite a las mujeres interrumpir libremente el embarazo hasta la semana 14 de gestación con la única condición de haber sido informada de las ayudas a las que podrían acceder si fueran madres. Según el TC, el aborto se plantea siempre como un conflicto entre los derechos de la mujer y los del no nacido, que deberán ser ponderados en cada caso.

Artículo 15 a, b y c. La ley recupera dos de los tres supuestos en los que la interrupción del embarazo es legal en la actualidad y fija como límite máximo para ambos la semana 22.

El primero de ellos es que exista riesgo para la vida o la salud de la embarazada. La inconstitucionalidad reside, según el PP, en la ampliación del concepto salud a una situación no sólo de «bienestar físico y mental» sino también «social». Los recurrentes denuncian que se valore la situación social y económica por encima del derecho a la vida del no nacido. El segundo supuesto que se rescata es el riesgo de que el bebé sufra «anomalías incompatibles con la vida» o «una enfermedad extremadamente grave e incurable». Los populares señalan, entre otros aspectos, que los tratados internacionales sobre discapacidad obligan a España a proteger el derecho a la vida de los discapacitados.

Artículo 17.2 y 5. Prevé la entrega de información a la mujer antes de que ésta preste su consentimiento para que se le practique el aborto. Se vulnera el derecho a prestar «consentimiento informado», pues la información específica que cada persona debe recibir sobre los riesgos que asume ante una determinada intervención médica se sustituye aquí por una información «estandarizada», siempre la misma, sobre ayudas públicas, derechos laborales vinculados al embarazo o centros de planificación familiar.

Artículo 19.2 . Establece medidas para «garantizar» la práctica del aborto en los centros de salud. Vulnera el derecho a la objeción de conciencia en la medida en que impide su libre ejercicio al obligar al personal sanitario a manifestar «anticipadamente y por escrito» su negativa a intervenir en un aborto. Es una medida coactiva.

Disposición final segunda. Es la que modifica la ley de autonomía del paciente para que las menores puedan abortar sin siquiera informar a sus padres.