Podemos, en contra de que el Congreso pida el fin del boicot a los productos catalanes

La iniciativa viene impulsada por el Partido Popular en forma de proposición no de ley (PNL) y será apoyada por Ciudadanos. El PSOE ha presentado enmiendas que está negociando con los populares aunque su portavoz, Margarita Robles, ha adelantado el voto a favor de su grupo por lo que el texto será aprobado.

El texto ha levantado ampollas en el bloque catalán porque propone reconocer que «la actitud irresponsable de los partidos independentistas ha perjudicado la situación económica y social en Cataluña, está afectando al crecimiento y al empleo en Cataluña, e indirectamente, en el resto de España». Los populares culpan al secesionismo de ese rechazo a los productos catalanes por utilizar argumentos basados en el desprecio o el odio al resto de España. «El boicot es una respuesta social a una situación que ha llevado a algunos consumidores al hartazgo con el "procés". Es una respuesta bumerán a la división y el odio demostrado por el independentismo», mantiene el texto.

La exposición de motivos de la proposición defiende que «debe rechazarse cualquier práctica de boicot a los productos producidos en Cataluña como forma de expresar un rechazo al secesionismo». Y subraya que esta práctica comporta la misma división que el independentismo porque «nos aleja de este proyecto común que es España».

En esta línea, los populares apelan a los ciudadanos españoles para que tengan en cuenta que de los 7.5 millones de catalanes, «son una minoría los que promueven la confrontación, y no se puede abandonar a su suerte a aquellos que desean seguir formando parte de España ni hacerle pagar a ellos los errores de sus nefastos gobernantes». La manera de combatir el movimiento independentismo, sostiene la iniciativa, es con la Ley.

El PP utiliza todos los datos económicos a su alcance para sostener su argumentación. Recuerda la cascada de rebajas en las previsiones económicas de España que están teniendo lugar en las últimas semanas y que «en el peor de los escenarios» la incertidumbre podría detraer hasta un 60 por ciento del crecimiento económico nacional.

En esta línea, pone sobre la mesa que antes de la celebración del referéndum ilegal del 1-0, Cataluña era la autonomía que más crecía -el 3,6 por ciento frente al 3,1 por ciento nacional- y creaba más empleo que la media nacional. Pero que tras la consulta, el Banco de España ha avisado de que «los efectos económicos del reto independentista serán más acusados en el largo plazo en Cataluña que en las demás regiones, incluso hasta el punto de poder entrar en recesión en 2018 y poder sufrir un estancamiento futuro».

Como primeras muestras de ese deterioro relata el descenso en la matriculación de automóviles, el frenazo en el mercado inmobiliario catalán, la salida de más de 2.500 empresas, la disminución de las ventas de bienes de consumo duraderos y de las reservas hoteleras. Además, advierte de que «los actos de turismo fobia, las huelgas y los cortes de carreteras, deterioran la imagen» de Cataluña. Como resultado, uno de cada cuatro parados era catalán en el mes de octubre.

A menos de diez días de las elecciones catalanas, el PP ha recibido una lluvia de críticas al entender casi todos los demás grupos que la iniciativa persigue fines únicamente electoralistas. El rechazo más frontal a esta iniciativa, además del los partidos soberanistas, ha llegado por parte de Podemos. Su portavoz en el Congreso, Irene Montero, tras anunciar el voto contrario de su grupo, ha acusado a los populares de «utilizar la sede de la soberanía popular para hacer campaña electoral». «Muchas veces nos han acusado de convertir el Parlamento en un circo, y no hay nada peor contra el decoro parlamentario que utilizar un espacio para debatir propuestas que mejoren la vida de la gente para hacer campaña electoral»

Aunque el PSOE anunció que votaría a favor de la iniciativa, su portavoz en el Congreso, Margarita Robles, ha matizado que a le parece «especialmente preocupante que el PP, que es quien inicia todas las actuaciones referentes al boicot de los productos catalanes y que ha hecho de ello una cruzada con una finalidad electoral traiga este supuesto apoyo a estos productos». Robles ha advertido que «no se puede jugar electoralmente» con esta cuestión.

Sobre la enmienda presentada por los socialistas a esta iniciativa, Robles ha explicado que la exposición de motivos del PP «tiene una clara finalidad electoral», pero «no vale todo, y hay que hacer un planteamiento mucho más genérico que el que se hace en la proposición no de ley». «En todo caso», ha zanjado la portavoz, «somos muy críticos con esa estrategia electoralista pero al mismo tiempo estamos en contra del boicot a cualquier producto español». El PDECat ha registrado una enmienda de devolución al texto y su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, ha considerado que la iniciativa es «tramposa». «No pretende hacer frente a la batalla sino desgastar al independentismo. El PP ha agitado el anticatalanismo y hoy sigue desarrollando este tipo de discursos con Ciudadanos así que no tienen ninguna credibilidad porque han sido los promotores de todo eso, han avalado el discurso de a por ellos», ha argumentado.

ERC ha dicho que valorará la iniciativa y que hoy desvelarará el sentido del voto, mientras el PNV ha advertido de que si no hay acuerdo tampoco apoyará el texto.

En la misma línea que la proposicicón no de ley del PP, este martes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , ha asegurado en Barcelona, tras una reunión con empresarios en Fomento del Trabajo, que el boicot a productos catalanes es «irracional y contrario a la convivencia».

La vicepresidenta ha animado «a todos los españoles al conjunto de productos catalanes por el respeto que merecen los empresarios y trabajadores». La economía «está absolutamente relacionada», ha dicho, por lo cree que el boicot perjudica a la economía del resto de España.