Podemos aplaude que se llame «delincuentes» a jueces y policías en el Congreso

Diferentes cargos de UP, incluso algunos que forman parte de ejecutivos presididos por socialistas, participaron ayer en la polémica jornada que organizó este grupo parlamentario en la Cámara Baja para apoyar a ‘los seis de Zaragoza’ , los jóvenes que este año han sido condenados por varios delitos en los graves altercados que provocaron los antisistema y la extrema izquierda para impedir un acto de Vox en la capital aragonesa en enero de 2019.

El padre de uno de los condenados y portavoz de la plataforma familiar que los representa, Francisco Aijón , dijo defender a su hijo «como cualquier mamífero» y cerró su intervención calificando de «delincuentes» a los policías que los detuvieron y a los jueces, concretamente a Carlos Lasala , presidente del tribunal de la Audiencia Provincial de Zaragoza -compuesta por varios magistrados más- que el pasado mes de enero condenó a cuatro de ellos a seis años de cárcel por varios delitos de desórdenes y desobediencia . A los otros dos, que son menores, les impuso un año de libertad vigilada y una multa conjunta de 14.000 euros.

Los familiares de los condenados y otros participantes, entre ellos importantes representantes públicos de un partido de gobierno como UP, profirieron una retahíla de improperios y acusaciones, a cual más grave, no ya contra los jueces y policías que intervinieron en este asunto, sino generalizando contra ambos colectivos.

Más discretos fueron contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado , que dependen del mismo Gobierno del que forma parte UP. Y ello a pesar de que ambas acusaciones fueron decisivas no sólo para la primera condena de la Audiencia de Zaragoza, sino para que las penas se incrementaran poco después. No en vano, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían desde el inicio que se los condenara también por lesiones a los agentes. Y ese fue el argumento que sirvió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) hace dos meses para añadir otro año más de cárcel a cada implicado y una responsabilidad civil conjunta de 20.000 euros por lesiones a los policías, como pedían la Abogacía del Estado y esa Fiscalía que, según Pedro Sánchez , depende del Gobierno que comparten PSOE y Unidas Podemos.

En la misma línea se expresó Maru Díaz , la consejera de Ciencia, Universidades y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón, que preside el socialista Javier Lambán . La consejera aragonesa calificó el caso de «atentado», pero no de los condenados, a los que definió como «víctimas», sino de los agentes y de los jueces.

El acto, retransmitido en ‘streaming’, se celebró en la sala Clara Campoamor del Congreso con autorización de la Mesa gracias a los votos de PSOE y de Unidas Podemos. Los socialistas, no obstante, se desentendieron ayer de un evento controvertido en el que se vertieron contundentes ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado , pero sobre todo a la Justicia . La ministra del ramo, Pilar Llop , dijo desconocer la convocatoria, aunque la defendió en el marco de la libertad de expresión , mientras que el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Héctor Gómez , se limitó a subrayar que su partido no tenía nada que ver con esta jornada.

En ella tomaron la palabra varios políticos de izquierdas para mostrar su total apoyo a los condenados. Aijón defendió la inocencia de todos los implicados y su hijo Javier vino a decir que la Policía les detuvo a él y a sus colegas aleatoriamente, después de la manifestación , mientras tomaban un «café con leche» en un bar. El nombre de la segunda de las cuatro mesas hablaba por sí solo: ‘Otros casos de acoso judicial sin pruebas: le puede pasar a cualquiera’. Por ella desfilaron Isa Serra (Podemos), condenada por agredir a un policía en una protesta; Bel Pozueta (Bildu), madre de uno de los condenados de Alsasua ; y Vicky Rosell , delegada del Gobierno contra la Violencia de Género .

Después fue el turno de la sociedad civil y clausuraron portavoces parlamentarios de Unidas Podemos y partidos nacionalistas. Todos cerraron filas con los condenados con fuertes ataques a las instituciones del Estado. Intervenía Mertxe Aizpurua , de Bildu, cuando se produjo un intento de boicot en la sala, que después reivindicó Vox . Sonaron los himnos de la Policía y la Guardia Civil desde un altavoz, minutos después de que hubiese estado por allí el diputado de Vox Manuel Mariscal .

Anécdota aparte, PP , Vox y Ciudadanos reaccionaron con dureza contra el acto. Ana Pastor (PP) tachó de «intolerable» el ataque «sistemático» al sistema judicial y Macarena Olona (Vox) lo tildó de «nueva ignominia». Guillermo Díaz (Cs) convocó una rueda de prensa exprofeso y dijo que se estaba produciendo «una convención de delincuentes» con «la complicidad del PSOE».